Así lo anunció el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Aunque el proyecto deberá ser aprobado la Legislatura porteña, será presentado este miércoles por el titular del Ejecutivo porteño.
La idea del mandatario es priorizar que el “control civil” de la nueva fuerza desde el ministerio de Justicia y Seguridad con el manejo de los servicios “adicionales”, la capacitación de los efectivos en el Instituto Superior de Seguridad Pública con rango universitario y una oficina de “Transparencia” independiente que reemplace a “Asuntos Internos” policial.
“Según la ley, es posible que el jefe de la Policía sea un civil pero todavía no está decidido”, dijo hoy Rodriguez Larreta durante un encuentro con la prensa en el que participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; y el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
El jefe de gobierno aseguró que el proyecto de Ley Integral de Seguridad Pública será enviado el viernes a la legislatura, el cual necesitará 31 votos para que sea aprobado y permita el funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
“Tengo el honor de anunciar la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que surge de la unión de la Policía Metropolitana con la parte de la Federal que fue transferida a la ciudad”, expresó el jefe de gobierno, quien aclaró que “en realidad va a nacer cuando se vote la Ley”.
El ex jefe de Gabinete durante los dos mandatos del presidente Mauricio Macri en la jefatura de Gobierno contó que ya fueron traspasados 18.400 policías federales y que está previsto traspasar 1.100 el 31 de diciembre de este año.
“La propuesta de seguridad contempla que los policías se concentren en ser policías y no tengan que cumplir tareas administrativas, de manejo de recursos humanos, incluso la auditoría interna será parte del ministerio (de Seguridad) pero con un sistema de independencia técnica”, afirmó.
Al respecto, Rodríguez Larreta añadió que se llamará “Oficina de Transparencia y de Control Externo Policial”, el cual no integrará la nueva fuerza y cuya Ley de creación estipula “una prohibición expresa de ser policías” para cumplir esa función.
“Para todas las cuestiones administrativas (compras, contrataciones, el manejo de recursos humanos) la idea es que sea cumplida por otra gente del ministerio y que la Policía esté en la calle”, sostuvo.
En tanto, Ocampo precisó que “el proyecto de Ley tiene una mirada integral de la seguridad porque reconoce que el problema de la seguridad no es un problema policial ni de delincuentes sino es un problema mucho más complejo que las sociedades mas desarrolladas tienen”.
“Lo basamos en cuatro pilares: el gobierno civil, la transparencia, la participación ciudadana y la capacitación y profesionalismo”, aseguró el ministro.
El ex fiscal general de la Ciudad destacó que lo que están planteando para la seguridad “es una revolución” porque están “cambiando el sistema de la seguridad que viene funcionando en Argentina en el sentido de tener el control civil y eso hace ruido por todos lados”.
Ocampo resaltó que “la Ley pone al jefe de la Policía dentro del sistema de autoridades del gobierno y no dentro del sistema policial”.
“No es un cargo más de la jerarquía policial sino que es designado específicamente por el jefe de gobierno, puede ser un civil o puede ser un policía pero su categoría como civil es porque integra el cuadro de gobierno”, subrayó.
Ocampo sostuvo que “el sistema de capacitación traza una línea de gestión única” que tendrá como “eje el Instituto Superior de Seguridad Pública (actualmente de la Policía Metropolitana) que va a tener rango universitario”.
Señaló que “la idea es que ese sea el órgano rector en términos de capacitación incluso de la seguridad privada, de cuerpos de agentes de tránsito, de los policías y los bomberos”.
Ocampo detalló que los integrantes de la nueva Policía de la Ciudad trabajarán ocho horas y no seis como venía haciendo la Policía Federal Argentina (PFA) que traerá como consecuencia la pérdida de “capacidad de hacer adicionales”.
“Una gran parte de la Policía transferida hacía adicionales y van a poder seguir haciendo pero en el marco de una política de seguridad ciudadana no en el marco de una política seguridad privada”, aseguró el ministro.
En ese sentido, Ocampo dijo que “cada adicional se va a evaluar en relación a ese concepto” y ejemplificó: “En un shopping se puede evaluar qué impacto tiene en la seguridad ciudadana y diseñar nosotros el protocolo de seguridad”.
“No es una decisión de recortar o no (los adicionales) sino de una política integral de que la seguridad es una responsabilidad del Estado y la utilización de los recursos policiales, aún cuando sean por una necesidad privada, tienen que estar enmarcado en una visión más estructurada”, detalló.
En tanto, el funcionario aclaró que se creará una nueva obra social para los policías, quienes a su vez podrán optar por continuar siendo atendidos en el Hospital Churruca del barrio porteño de Parque Patricios.
También negó que se vaya a retirar al personal de Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional desplegados en distintos puntos de la ciudad y que el anuncio del gobierno nacional de enviar a las fuerzas federales al conurbano bonaerense implique que los policías traspasados sean redestinados a esa zona.
Por último, Ocampo desmintió que haya un proceso de “depuración” pero aclaró que habrá “tolerancia cero a la corrupción” y que se abrirá “una oficina especialmente creada para los temas de transparencia”.
La nueva fuerza será presentada mañana a las 10.15 en el Instituto Superior ubicado en avenida Santiago de Compostela 3801 del barrio Parque Avellaneda.
Ley de Transición Republicana
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, autor del proyecto, celebraron este lunes la sanción de la Ley de Transición Republicana, que contó con el apoyo del PRO.
La nueva norma establece pautas de acción con la finalidad de incrementar la transparencia para una transición ordenada y eficaz durante un cambio de gestión, evitando que se generen acciones que obstaculicen o perturben el normal desarrollo de los actos de gobierno.
Con información de Agencia Télam
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