La persona designada para comandar la autoridad de aplicación sería María Paula Bruera, que se venía desempeñando como directora de Gestión y Control de Concesiones como antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
El intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, presentó este lunes a las autoridades del sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. La persona designada para comandar la autoridad de aplicación sería María Paula Bruera, que se venía desempeñando como directora de Gestión y Control de Concesiones como antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
Para hablar al respecto, Mañana OH! por Cadena Oh! se comunicó con el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, quien explicó que “la Municipalidad de Rosario es la primera municipalidad a nivel país que asume una competencia de esta naturaleza, esto producto de la situación que está viviendo la ciudad y el compromiso que el intendente asume la tarea que le corresponde, cuando el intendente Javkin habla de que cada uno tiene que hacer su parte, parte de esa tarea que nosotros sentimos, es llevar adelante este tipo de agencias dado el cúmulo de información con el que el municipio cuenta”.
Y aseguró: “Claramente las economías irregulares o delictivas, tienen ganancias exorbitantes que buscan rápidamente reconvertirse y tener una circulación a partir de emprendimientos o tareas regulares o legales y consecuencias de esa economía irregular es, en gran parte, el fenómeno de la violencia que atraviesan nuestros barrios, este es un primer aporte más que hacemos desde el municipio a la seguridad pública de la ciudad”.
La agencia estará facultada para procesar las alertas sospechosas, y tendrá potestad de enviar documentación a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el organismo de control pertinente en la materia. Podrá intercambiar información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), UIF, Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y otros municipios; y a cualquier organismo público, personas jurídicas de derecho privado y personas humanas.
El organismo para la prevención del blanqueo de dinero forma parte de una iniciativa sancionada hace dos meses en el Palacio Vasallo tras varios meses de trabajo legislativo, la participación de expertos en análisis de datos y fiscales provinciales. Incluye, además de la agencia que combatirá las maniobras con colaboración judicial, un mecanismo de información y un protocolo de actuación para operaciones sospechosas.
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