Desde Israel, Javier Milei decidió patear el tablero y ordenó que el proyecto de ley ómnibus regresara a comisión. A miles de kilómetros, después de un día de catarsis en Twitter, donde volvió a cargar contra los "traidores", dos jugadas aparecieron al filo de este miércoles a pedir del Presidente después de la derrota legislativa: un diputado del PRO presentó un proyecto para que el Congreso habilite una consulta popular vinculante por el fallido texto y un sector de La Libertad Avanza (LLA) difundió otro para derogar el aborto legal.

La primera llegó por la tarde. Gerardo Milman, la mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se refugió en un bajísimo perfil al ser involucrado en la causa que investiga el atentando contra Cristina Fernández de Kirchner, reapareció con una iniciativa que en la Casa Rosada es tema de análisis.

“En el día de hoy he presentado un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo convoque una Consulta Popular en los términos del Artículo 40 de la Constitución Nacional”, escribió el diputado del PRO. En paralelo, la idea de un referendo no fue negada por ningún funcionario y hasta el portavoz Manuel Adorni la dejó sobre la mesa. La cuestión, irónica, es que para sortear al Congreso para convocarla y que sea vinculante Milei necesita del mismo Parlamento que pretende evitar.

La Constitución establece que el Ejecutivo podrá convocar a un plebiscito no vinculante y sin voto obligatorio, que luego será reglamentado por el Congreso. Pero en el caso de la consulta popular vinculante, el resultado no podrá ser vetado.

Contra el aborto

Entrada la noche de un día agitado en el oficialismo, llegó la bomba. Desde que el Gobierno, a través del decreto 55 declaró a 2024 como el "año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad", se especulaba con que el mileísmo presentaría un proyecto para derogar el aborto legal, que entró en vigencia en 2021. El mismo Adorni, en conferencia de prensa, no descartó que esa fuera la intención del Presidente, pero no arriesgó fechas para instalar el debate.

Con los ecos de la derrota por la ley ómnibus y a pocos días de que Milei viste al papa Francisco en el Vaticano por primera vez, para La Libertad Avanza llegó el momento: cinco integrantes del bloque en la Cámara baja, entre ellos su jefe, Oscar Zago, y Lilia Lemoine, presentaron un texto para derogar la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

No sólo eso: su artículo 2 prevé modificar el Código Penal para que "el que causare un aborto" sea reprimido con prisión de tres a diez años, "si obrare sin consentimiento de la mujer" y de uno a cuatro años si fuera con consentimiento. Establece, además, la "inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, para los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo".

Incluso, en el proyecto se propone castigar con prisión de uno a tres años a quien "causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare".

La postura contra el aborto del Presidente y de su espacio político no es novedad: "¿Cómo puede ser un derecho ganado matar un ser humano? Soy militante del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, biológica y matemática", dijo Milei durante la campaña.

La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país. Las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión.