Por Mauricio Cantando

Javier Milei se prepara para tres días de pugilato en el Congreso, antes de definir si quiere tenerlo abierto en el verano. El Presidente ya puede anotarse dos victorias este año: conseguir las leyes troncales que buscaba para su gestión (Bases y la reforma fiscal) y polarizar los recintos entre izquierda y derecha, o algo parecido.

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Como saldo negativo para el libertario, aunque esperable, figura que las mayorías conformadas en los recintos en su contra, aunque no puedan voltear las leyes, sí demostraron ser capaces de anular decretos, como el que aumentó en $100 mil millones los fondos reservados de la SIDE. En ese caso, Milei no tuvo otra opción que rendirse.

La única posibilidad de diezmar a la oposición dura que tiene el Presidente es golpear las puertas de los gobernadores con representación en esos bloques, que en la Cámara de Diputados son Unión por la Patria, Encuentro Federal y la nueva bancada radical (Democracia Por Siempre).

Hasta ahora, Milei viene ganando ese duelo, o al menos pudo estirar el tiempo para evitar más derrotas. En los últimos días del período ordinario, tendrá que demostrar que sigue dominando a los gobernadores sin poner plata, además de que es capaz de no tener Presupuesto en 2025 sin arruinar la paz financiera. Su otro desafío es bloquear un amplio temario de proyectos que la oposición intentará imponer antes de diciembre.

En el Senado, el Gobierno sólo tiene un objetivo: mantener las puertas cerradas del recinto, a no ser que aparezcan los votos para aprobar los pliegos de la Corte.

El Presupuesto de Javier Milei

La negociación por la ley de leyes está en fojas cero y de a ratos es un diálogo de sordos. Los gobernadores con origen en Juntos por el Cambio -un frente electoral sin base orgánica en el Congreso, ya que está disperso en bloques- acordaron cinco reclamos comunes. Chocaron y están desorientados. De nada sirvió que fueran cuidadosos e incluyeran temas que, entienden, Milei deberá abordar tarde o temprano porque son deudas de Nación, como el giro de remanentes de los ATN, el saldo del Pacto fiscal 2017, las obras públicas ya convenidas y las deudas previsionales.

Los ministros provinciales creían que el Presidente iba a ceder, porque, en teoría, es dinero que no puede computar para lograr el equilibrio fiscal. De golosos, los gobernadores de JxC adosaron a aus pedidos la coparticipación del impuesto a los combustibles y de la plata que va para la escindida ex-AFIP.

Alfredo Cornejo, integra el lote de gobernadores dialoguistas de JxC.

Les salió el tiro por la culata: Milei calculó por estas demandas un costo fiscal de 3700 millones de dólares y no está dispuesto a pagarlo. Cómo sea, encontrará vericuetos contables para retener ese dinero. Estimó, además, que las provincias recibirán 17 mil millones en moneda estadounidense en concepto de coparticipación, si la economía crece como esperan (5%). Es un aporte que no depende la sanción del Presupuesto 2025.

El reclamo de los mandatarios, además, le otorgó poder a Santiago Caputo en su duelo con Guillermo Francos, quien juega en el bando de los dialoguistas. El asesor estrella de Milei quedó en su salsa, como cuando retiró la ley Bases en febrero. Meses después, el jefe de Gabinete y ministro del Interior juntó los votos en ambas cámaras para sancionarla. Tal vez la historia se repita con el Presupuesto.

La ruptura

El viernes 15, luego de leer el pliego de condiciones de los gobernadores, Caputo llamó a Martín Menem y al secretario de Hacienda Carlos Guberman, y les dio una orden clara: suspender la reunión de comisión de Presupuesto de Diputados, que estaba citada para el último martes a las 15. De esta manera, les quitaba la chance a los mandatarios de firmar dictámenes y forzar una sesión el jueves. Ninguno de ellos imaginaba una respuesta tan simple y contundente que, además, desdibujó a Francos, su nexo principal con la Casa Rosada.

En el Gobierno se evaluaron todas las variables de una ruptura con las provincias. Aunque Milei sigue considerando preferible tener un Presupuesto sancionado, la mejora en los indicadores financieros lo hizo pensar en que tal vez prorrogar el actual no traiga consecuencias en los mercados, donde evalúa el pulso de su gestión. “Los actores económicos le creen. Con eso basta”, explican los libertarios que frecuentan al jefe de Estado.

El paso fallido de los gobernadores con pasado en JxC molestó a los líderes legislativos, quienes habían desactivado las amenazas en los recintos a la espera de un acuerdo y se encontraron con una ruptura que no veían venir. “Los hacen elegir entre látigo o látigo”, es la broma recurrente entre las autoridades de bancada.

En el Congreso interpretan que este grupo de mandatarios identificado con el escondido JxC, que se unieron para hacerse más fuertes, se debilitan por falta de liderazgos y desconfianzas. “Todos sospechan que el otro está negociando por las suyas y enfrían embestidas en el Congreso. Así se fue pasando el tiempo, mientras el Gobierno no ofrecía nada”, cuentan.

Negociación fallida

Los diálogos con Guberman, por mensajes de WhatsApp, no venían bien durante el fin de semana largo, cuando las cartas estaban echadas sin que la oposición lo supiera. El secretario exhibía pánico de alterar el equilibrio fiscal. En las provincias no entendieron el mensaje hasta que vieron la conferencia del diputado José Luis Espert anunciando que la reunión de la comisión de Presupuesto quedaba suspendida.

El desconcierto fue total. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo, de la UCR, pidió armar un Zoom para el miércoles con sus colegas y jefes de bloque. Ese mismo día estaba prevista una sesión en Diputados y vencía el plazo para dictaminar: si había cuórum, algunos legisladores sugerían emplazar la comisión de Presupuesto y dictaminar. Los mandatarios no se decidían.

En la conversación virtual tampoco dejó definiciones: sólo quedó la esperanza de que el Gobierno convocara a una reunión el lunes en la Casa Rosada para escuchar a gobernadores y activar el Presupuesto.

Espert y Martín Menem en el Congreso, durante la presentación del Presupuesto.

“Queremos hablar con los dos Caputos”, dijo Cornejo. Se refería a Toto, el ministro de Economía; y a Santiago, el asesor estrella de Milei. El mendocino es el gobernador más querido dentro del oficialismo. Hasta fue pensado por Francos como coordinador del Pacto de Mayo.

Pero ni el ministro del Interior ni nadie en la Casa Rosada confirmaba este fin de semana que esté previsto recibir a gobernadores. Por ahora, los canales de diálogos están rotos y los jefes territoriales se quedaron hablando solos, con sus nexos legislativos de brazos cruzados.

Dos alternativas

La oposición intransigente de la Cámara baja le dará a los dialoguistas dos chances de romper con Milei en la última semana de sesiones ordinarias. La primera es el martes, con otra citación a sesión para tratar el DNU 846, que flexibiliza las condiciones para el canje de deuda.

Ya hubo un intento el 12 y falló porque varios gobernadores le bajaron el pulgar a la idea. Tampoco están comprometidos para el martes. Si prospera el rechazo al decreto, Milei queda atado de pies y manos: su plan financiero, ante ese escenario, quedará sujeto a la sanción del Presupuesto. Sobre todo porque la derogación del DNU podría ser esta misma semana: si el martes de vota en contra en la cámara baja, Unión por la Patria irá el jueves al recinto del Senado y pedirá debatirlo en reunión ordinaria.

La otra alternativa que hay sobre la mesa de la oposición dura es forzar la prórroga de sesiones ordinarias, un proyecto presentado por el nuevo bloque radical de Diputados. Se basa en un antecedente del Senado, en 2001 y, según rastrearon los juristas libertarios, podría tener sustento en los reglamentos.

Estirar las ordinarias sería un golpe fuerte para Milei, quien como cualquier presidente en minoría quiere que en el verano haya extraordinarias con temario propio. Hasta ahora, sólo pide tratar la eliminación de las PASO y los cambios en el sistema de financiamiento de partidos políticos, con los que aspira a fracturar todos los bloques. El viernes se sabrá si no tiene otras urgencias.

Jugados por jugados, los gobernadores dialoguistas no descartan pedir a sus referentes citar a una sesión en Diputados para debatir el presupuesto durante la próxima semana. Al no tener dictamen, debería aprobarse por dos tercios, un número alcanzable por la oposición, aún sin LLA y PRO, si es que en la Rosada no vuelven a fracturar los bloques. Sería la ruptura final.

La otra agenda

La última semana legislativa en Diputados tendrá duelos por proyectos demorados durante meses. Uno es la reforma sindical, que no tuvo mayoría de firmas para ser dictaminada el martes pasado.

Fue clave para que no se llegara a 16 rúbricas la incorporación al debate de Miguel Pichetto. El tema lo promueve el radical Martín Tetaz, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, quien pidió una sesión para el martes. Interpreta que el artículo 228 del reglamento habilita a tratar el despacho presentado, aún con la mitad menos uno de los miembros. Si logra cuórum, obligará a Menem a ser el intérprete final de un nuevo debate leguleyo.

El jueves se tratará la ley Ficha Limpia, que prohíbe candidaturas a condenados por corrupción, sin sentencia firme. No se debatió el último miércoles, porque faltó un solo voto para abrir el recinto.

Miguel Ángel Pichetto y Oscar Carreño (EF).

Hasta minutos de la hora de convocatoria no asomaba posible el cuórum de ninguna manera porque Encuentro Federal y DPS querían bloquear la sesión, molestos por la caída del Presupuesto. No se animaron. Facundo Manes arrastró a la UCR blue y Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy, a los federales. Nadie quería ser escrachado de ayudar a Cristiana Fernández de Kirchner, quien no podrá competir en 2025 si Ficha Limpia es ley.

Si EF y DPS mantienen la conducta de la semana anterior, el jueves debería haber cuórum pero el texto aprobado es impredecible. Es que si los partidos provinciales se pliegan a UP en el rechazo, el PRO no tendrá más opciones que aceptar las modificaciones que pide el grupo de Manes, que incluyen ampliar los delitos para la proscripción electoral y aplicarla desde la condena en primera instancia.

El miércoles se tratarán los dictámenes para combatir la ludopatía, que contemplen fuertes restricciones a la publicidad. Derivaron en una disputa de lobby cruzado que amenaza en convertir al Congreso en una Legislatura provincial. Este viernes, la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) envió una nota a los presidentes de bloque para pedir que congelen el debate.

Los actores del juego denuncian que se violan las autonomías provinciales, una herejía en el Congreso. El comunicado tiene una oración tragicómica: “La limitación de la publicidad limita la posibilidad de informar sobre el juego responsable”, dicen los bingueros estatales.

Se entromete en el debate el poder de fuego de las plataformas digitales, que no quieren ser impedidas de promocionar las apuestas online. Lo definen como parte de la libertad de expresión. Sus planteos fueron tenidos en cuenta por el dictamen de la UCR, PRO y LLA, que es el de minoría. Fue el motivo principal de la fuerte discusión entre Silvana Giudici (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC) en comisión. La pelea ahora será en el recinto.

Victorias de corto plano

Con Villarruel enfrentada a Milei, ya sin retorno, el Senado tendrá su última semana de sesiones con fuegos cruzados entre los diferentes bloques. El miércoles, Francos pisará por primera vez el recinto para brindar un informe de gestión. Responderá más de mil preguntas de senadores y senadoras.

Por falta de diálogo del Gobierno con la vice y una fragmentaciones en todos los bloques, hace dos meses que no hay sesión y, si el jueves Villarruel no toca la campana, quedarán archivados los dictámenes emitidos estas semanas. Al oficialismo no le viene mal y por eso prefiere que siga todo como está.

UP aspira a sesionar porque, entiende, los jueves a las 14 hay ordinarias citadas y debe abrirse el recinto. Al margen del debate reglamentario sobre ese procedimiento, si hay una mayoría dispuesta a sesionar, Villarruel no tendrá muchas chances de bloquear una sesión. Las autoridades de bloques podrían golpear la puerta de su despacho para obligarla a citar a Labor parlamentaria. Sería un papelón. En estos días, algún oficialista deberá ajustar cuentas con el resto de los bloques para resistir.

De haber sesión el jueves podrían sancionarse dos proyectos que no están en el radar de Milei: la ley Nicolás, que establece un marco jurídico para garantizar una atención sanitaria segura; y el reconocimiento a los acompañantes terapéuticos. Los libertarios no tienen claro si ambas iniciativas cuestan plata y prefieren que sigan cajoneadas.

Más riesgo aún para el oficialismo es que UP aproveche la sesión para pedir la derogación del DNU 846. Si el martes se llegara a rechazar en Diputados, la presión del peronismo será total. Necesita cuatro votos para llegar a la mayoría y cuenta, como mínimo, con los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco.

El oficialismo, además, perdió un aliado de la UCR para sumar 37 e imponer un temario. Prefiere que no haya sesión, a no ser que prospere un acuerdo para nombrar algún juez de la Corte. El que más chances tiene es Ariel Lijo. Este viernes desde la Rosada filtraron que Lucía Corpacci, de UP y cercana a CFK, firmó el despacho, que aún así no reúne las firmas para ser presentado. La expresidenta está dispuesta a darlas y aportar los votos en el recinto si le garantizan una mujer en lugar del otro candidato, Manuel García-Mansilla. Será una negociación de diciembre.