Por Macarena Ramírez y Juan Rubinacci

La preocupación de los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, en especial de aquellos municipios del conurbano y grandes ciudades del interior con bolsones de pobreza, escala con el correr de las semanas ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei. Si bien muchos tienen un colchón de fondos depositados en plazos fijos que les permiten amortiguar el impacto de la crisis, esos recursos son finitos y en poco tiempo se van a terminar. Seis meses, estiman los más acomodados. El panorama es incierto y desalentador en igual medida.

La situación no distingue colores políticos y penetra en los gobiernos peronistas, radicales, vecinalistas y del PRO. Son muchos los problemas que se enumeran y tienen en vilo a quienes conducen los distritos, pero sobresalen dos aristas de la problemática: la falta de recursos para la gestión cotidiana y la crisis social latente, más cerca o más lejos de estallar, según a quién se pregunte, anclada en los altísimos niveles de inflación, salarios estancados y la reducida o casi nula la asistencia social.

De una rueda de consultas realizada por Letra P, surgen algunos puntos centrales que explican el problema. El principal es el corte del envío de fondos de la nación para diferentes programas y la paralización de la obra pública. Sobre este último ítem pesa la incertidumbre respecto de la suerte que correrán las obras iniciadas. La incidencia de esos trabajos en el funcionamiento de la rueda de la economía es importantísimo en todo el territorio gobernado por Axel Kicillof, pero se vuelve neurálgico en algunas zonas. Si se para la obra, se para el pueblo o ciudad.

El flujo de recursos que llegan a las municipalidad provenientes del Estado bonaerense también se reduce producto de un efecto cascada con origen en el tijeretazo que la administración central decidió aplicar a las provincias. La proyectada caída de la recaudación municipal por falta de circulante hace el resto y completa un cuadro complejo.

Ese combo pone a los jefes y jefas comunales en una situación extremadamente compleja. Ya no sólo verán reducidas las obras públicas, que fueron uno de los principales activos que pudieron exhibir durante la pasada gestión, sino además las complicaciones que podrían suscitarse para prestar los servicios básicos e incluso el pago de salarios para los trabajadores y las trabajadores de la planta estatal que, a su vez, pugnarán por aumentos que se acerquen lo más posible a la inflación.

Muestra de esta preocupación es la reunión que los equipos económicos de ocho municipios peronistas de la Tercera sección electoral tuvieron el pasado viernes en Almirante Brown, de la que también participó el intendente, Mariano Cascallares.

El encuentro surgió como una iniciativa de los jefes comunales que vienen articulando para ver cómo afrontar la situación. Allí, la dirigencia intercambió experiencias respecto de cómo sobrellevar el ajuste y compartió ideas y políticas públicas en marcha para atemperar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo de la gente.

En los distritos, primer mostrador de los reclamos de la población, preocupa un eventual estallido social. La inquietud en los territorios va en línea con lo planteado por el gobernador Kicillof en la última reunión de gabinete. Como contó Letra P, el mandatario pidió a sus ministros y ministras estar alertas ante un escenario de aumento de la conflictividad social, especialmente en el conurbano, ese gran conglomerado donde viven 11,5 millones de personas, un territorio con altísimos niveles de pobreza donde la falta de asistencia social estatal se siente más.

Trabajadores y dirigentes barriales avisan que en muchos sitios la situación es crítica. Los comedores comunitarios son un termómetro de la situación. Como contó José Maldonado en Letra P, es brutal el corte de la asistencia social por parte del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. La calle se calienta. Movimientos sociales organizan una jornada nacional de lucha frente a supermercados para el miércoles 31 próximo, una semana después de la marcha convocada por la CGT que según los organizadores será masiva.

Cerca del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dijeron a Letra P que la inflación de 2023 fue de 220% y la actualización de tasas, sólo del 77%, lo que complica financieramente al estado local. “La coparticipación -que representa el 50% de los ingresos municipales- también baja por una caída de la actividad”, describe un dirigente del distrito de la Quinta sección electoral. La fuente estima que no habrá fondos nacionales ni bonaerenses para obras.

En distritos gobernados por Juntos por el Cambio (JxC) reconocen que sostener los aumentos salariales de la planta municipal con una inflación del 25% mensual es imposible. Dependerá del orden en las cuentas de cada intendencia, aunque con semejante panorama aseguran que los números no cerrarán. “Será imposible no tener conflictos”, advierte alguien de otro distrito en manos de la oposición. Más benévolo con el Presidente, un jefe comunal del conurbano destaca que “aún el gobierno está en formación” y que falta designar funcionarios.

En General Arenales, la intendenta radical Érica Revilla suspendió todos los festejos de Año Nuevo. Reservó ese dinero para garantizar el pago de sueldos y aguinaldos a la planta municipal. “El dinero no alcanza, hay mucho descontrol en los precios”, dijo a Letra P. “Es una situación muy compleja. La gente está quejosa y el humor social no es el mejor. Todo pasa por lo económico”, sostuvo.

Habrá tiempo para discutir liderazgos, modos de conducir y proyectos para la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el tsunami de medidas impulsadas por el gobierno nacional durante las primeras semanas de 2024 arrastra a todos los municipios. Sin diferencias, a todos les urge oxígeno financiero para no ahogarse en la crisis.