Por Antonio Rossi

 las “anclas” cambiaria, monetaria y salarial que ya viene utilizando para consolidar el descenso de la inflación, el gobierno de Javier Milei se apresta a agregar una nueva vinculada con las revisiones tarifarias de los servicios de luz y gas.

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Anunciadas y programadas para entrar en vigencia desde el próximo 1 de enero, las Revisiones Quinquenales de Tarifas (RQT) previstas para las empresas eléctricas y gasíferas van camino a quedar suspendidas hasta nuevo aviso.

Domar a la inflación

Con el fin de descomprimir al máximo todos los factores que puedan comprometer el objetivo de seguir reduciendo la inflación, la administración mileísta decidió congelar las RQT que había puesto en marcha hace menos de dos semanas.

 

 

A través de la resolución 743/24, el Ente Nacional de Regulador de la Electricidad (ENRE) resolvió dejar sin efecto la audiencia pública fijada para el día 5 de noviembre donde se iba a tratar la primera RQT correspondiente a las transportistas eléctricas.

Esa audiencia pública había sido convocada por medio de la resolución 705/24 del 2 de octubre y tenía como objeto “poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica para el próximo período quinquenal”.

Por qué Edesur y Edenor duplicaron y hasta triplicaron las facturas cuando la tarifa subió 4%https://t.co/0O5wmgDMNR

— LETRA P (@Letra_P) September 14, 2024

Las compañías Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Transpa, Distrocuyo, Transcomahue y EPEN debían presentar los planes de inversión, los costos operativos y las tarifas requeridas desde enero de 2025 hasta diciembre de 2029. Una vez realizada la audiencia, la intervención del ENRE comandada por Darío Arrué tenía que aprobar los nuevos cuadros tarifarios y los mecanismos de actualización previstos para ese período quinquenal.

El organismo regulador justificó la suspensión de la RQT de las transportistas eléctricas con el argumento de que “teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la audiencia pública hasta la fecha que oportunamente se determine”.

Sin una fecha cierta de cuando se retomarán las RQT, lo único que tendrían garantizado hasta fin de año las transportistas eléctricas son las actualizaciones tarifarias mensuales que toman en cuentan la inflación minorista, el índice de precios mayoristas y las subas salariales concedidas a los trabajadores del sector.

Edenor y Edesur, ¡adentro!

De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, la decisión de frenar las RQT también alcanzará a las distribuidoras eléctricas metropolitanas Edenor (controlada por los empresarios locales Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti) y Edesur(manejada por el grupo italiano ENEL). Las dos empresas ya tenían prácticamente terminadas sus propuestas de revisiones tarifarias integrales y estaban esperando que el ENRE llamara a audiencia pública.

La misma medida se extenderá al sector gasífero, donde tanto las distribuidoras (Metrogas Naturgy, Gasnor, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur Litoral Gas), como las transportadoras (TGN y TGS) van a tener que esperar varios meses hasta que la gestión libertaria decida retomar la implementación de las RQT.

En la audiencia trunca de las transportistas eléctricas se iban a tratar y evaluar los programas de obras obligatorias, los niveles de calidad del servicio y las tarifas a aplicar en el próximo lustro.

El ENRE les había pedido a las empresas que calcularan las remuneraciones que pretenden cobrar “utilizando el método de flujos de fondos descontado de forma de cumplir con la condición de equilibrio y tomando en cuenta el capital inicial, los ingresos requeridos, los costos operativos, las inversiones y los impuestos”.

Según la normativa del ENRE, los aumentos y nuevos cuadros tarifarios previstos desde enero debían darles a las transportistas “la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una tasa de rentabilidad que guarde relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de cada empresa”.