El desfinanciamiento de la obra social provincial no es novedad y la Junta de Administración prevé ciertas respuestas, entre ellas, ingresos adicionales con el aumento de afiliados voluntarios, es decir, aquellos no estatales.

Esa inclusión de privados existió hasta el 2020 cuando el Ipross suspensión esa afiliación frente al aumento desproporcionado de las erogaciones por la pandemia. Aún así, ese padrón es muy bajo, considerando sus 2.000 frente a un total de más de 170.000 afiliados.

Actualmente, la Junta de Administración, que preside Alejandro Marenco, se focalizó en esas afiliaciones voluntarias, empezando por la reapertura de las inscripciones.

En realidad, el octubre pasado, el Ipross había informado de su vuelta cuando las autoridades provinciales quedaron atrapadas en la polémica y las críticas por el convenio de cobertura firmado con la Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas de Río Negro (APIER).

Aún ese anuncio, el Ipross no aceleró esas inclusiones porque ya pretendía establecer un nuevo esquema, incluyendo condiciones y valores diferentes. Esta semana, Marenco y los vocales de la Junta delinearon esa instrumentación, en dos direcciones: el Patagonia I y el Patagonia II.

El primero reeditará el esquema suspendido y sumará unos 4.000 interesados a la espera de la cobertura provincial. Tendría una actualización de los valores ya que los últimos pagos rondaban los 7.500 pesos mensuales. Es bastante superior a los aportes de los afiliados obligatorios, pero igualmente sigue siendo inferior en referencia al costo medio de las otras entidades con prestaciones nacionales.

Aquel diseño se cerrará con ese padrón y atención mientras se promociona el Patagonía II, consiste en un plan “dirigido a todos aquellos que se afilien a partir del 1° de marzo, que presenten algunas modificaciones, limitaciones y ampliaciones”, según la información gubernamental.

La Junta de Administración todavía resuelve su ejecución definitiva, pero -esencialmente- podrá ser individual o colectivo, es decir, la cobertura puede generarse a partir de convenios del Ipross con entidades, como cooperativas, colegios o entidades de profesionales.

El costo será diferencial ya que el instituto trabaja en la segmentación etaria y de las condiciones de los potenciales diferenciados, como también, en la garantía del cobro porque la entidad firmante garantizará el pago de los afiliados voluntarios comprendidos.

Ante la Junta, Marenco proyectó la incorporación de unos 30 mil afiliados voluntarios en el plazo de dos años. Resaltó que el Ipross lograría así un poder de negociación especial con prestadores si concentra un padrón superior a los 200 mil afiliados.

Además, los partícipes de la Junta coincidieron que la ampliación de los aportantes privados puede constituirse en “un canal de ingresos genuinos”, coincidiéndose que el costo para esos voluntarios deberán incrementarse.