La jueza titular del Juzgado Penal Nº3 de Santa Rosa, Laura Armagno, llamó a declaración indagatoria a dos ex funcionarios que están acusados por "mal desempeño" por el supuesto encubrimiento de los delitos de maltrato y abuso a niños y adolescentes en el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA) y otros hogares de menores.
Armagno investiga lo ocurrido a partir de un anónimo publicado por un diario, en el que se describían con detalles precisos supuestos maltratos de operadores, los abusos de un adolescente a otros chicos, los encierros con colocación de esposas en perjuicio de los menores, la falta de abordajes terapéuticos adecuados y el encubrimiento de los eventuales delitos.
La investigación se inició el año pasado. En medio del escándalo, los dos funcionarios fueron desplazados. Y se anticipó la salida de la ministra de Bienestar Social, María Cristina Regazzoli, que pegó el salto a la Cámara de Diputados de la Nación.
El único que cuidó su cargo fue el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Pedro Freidenberger, a quien Alicia Echeveste en declaraciones a El Diario acusó por la inacción ante el pedido de recursos.
La denuncia anónima por los hechos del IPESA y otros hogares fue presentada a fines de agosto de 2009 en el Juzgado del Menor y la Familia y en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Después, tres chicos declararon frente a una psicóloga del Juzgado de Instrucción Nº3 y confirmaron las violaciones y situaciones de maltrato a las que habrían sido sometidos en los hogares de menores de Santa Rosa.
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