Las deudas cruzadas entre la Municipalidad y la obra social estatal tienen una vía de solución. El fiscal de Estado, Carlos Pila, y el titular del Servicio Jurídico Permanente de la comuna, Justo Pío Sierra, lograron un acuerdo “parcial” para destrabar el conflicto con el Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR).

El convenio que alcanzaron, junto a los responsables del Centro Judicial de Mediación, incluye un descuento de 5.200.000 pesos como aportes actuales y otros $800.000 mensuales a cuenta de la deuda histórica.

Cabe consignar que esa deuda todavía no está consolidada y que podría definirse antes del 17 del corriente mes.

Cabe consignar que el representante del Estado provincial aceptó que todos los descuentos a practicarse en los giros de fondos a la comuna se harán a partir del 10 de cada mes.

En diálogo telefónico con periodistas de época, Sierra confirmó los acuerdos y declaró “estamos en la buena senda”, al mencionar que participaron de la reunión además del fiscal de Estado, Víctor Ojeda, el contador del IOSCOR y los funcionarios del área de Mediación Judicial.

Cabe consignar que este acuerdo fue logrado en la segunda reunión en el marco de la mediación resuelta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en la audiencia de conciliación celebrada el 30 de agosto ante los ministros, encabezados por su presidente Guillermo Semhan.

Sierra confirmó que una vez formalizado el convenio y homologado por los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, bastará una resolución del intendente, Fabián Ríos, y del gobernador, Ricardo Colombi, cada uno por su lado para refrendarlo.

Explicó que el Gobierno provincial hará detracciones que promediarán 1,5 a 1,8 millones de pesos diarios, hasta alcanzar la suma de seis millones, como una forma de morigerar el impacto de los descuentos y facilitar el desenvolvimiento administrativo de la Municipalidad.

Respecto de la deuda histórica que falta consolidar, el funcionario comunal informó que las áreas contables de la Municipalidad estiman en 32 millones de pesos y que se podrían cancelar en cuotas “cuando más extenso los plazos, entre 36 y 48 meses, mejor para la administración de la Municipalidad.

Sierra comunicó que también se avanzará en el diálogo por los aportes al Instituto de Previsión Social y que desde la obra social se planteó la necesidad de acordar por deudas de la Caja Municipal de Préstamos.

Aclaró que “La Municipalidad no puede acordar ese tema porque la Caja es un ente autárquico y esos convenios se deben resolver con sus directivos, que son los responsables administrativos y legales de la entidad”.