El ex intendente José Inza en una visita a EcoAzul. El 12 de junio deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a prestar declaración indagatoria para explicar el destino de los fondos que recibió en el marco del programa GIRSU. ARCHIVO/EL TIEMPO

El próximo martes 12 de junio, el ex intendente José Inza deberá presentarse ante el juez federal Claudio Bonadío para declarar en la que periodísticamente se denominó “la megacausa ambiental”, en la cual el magistrado investiga presuntas irregularidades en el destino de los millones de pesos que Nación envió a distintos municipios del país entre 2013 y 2015 como parte del programa GIRSU –Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-.

En ese marco, el ex jefe comunal deberá dar explicaciones ante el titular del Juzgado en lo Criminal y Correcional Federal N° 11 sobre el uso que tuvieron los casi 5 millones de pesos que en esos años ingresaron a las arcas municipales para financiar la instalación de una planta de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, para adquirir equipamiento, maquinaria y vehículos.

En la misma situación que Inza están 98 intendentes y ex intendentes de todo el país, de los cuales 32 son de la provincia de Buenos Aires.

La abogada del ex intendente, Elda Donatelli, confirmó en diálogo con este diario el día en que Inza deberá presentarse a indagatoria, y advirtió que en esta causa no será su defensora por cuestiones de logística. Es por esto que aún están en la búsqueda de un letrado radicado en Capital Federal que pueda ejercer la codefensa.

Cabe señalar que el programa GIRSU tenía por objetivo una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos. Para esto, se dispuso financiar proyectos que incluyeran educación y concientización en el manejo de residuos; mejorar los sistemas de recolección, saneamiento y ordenamiento; promover la generación de nuevas fuentes de empleo y de ingresos a partir de una gestión innovadora en el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, entre otros.

El inicio de las investigaciones   

La causa se inició luego de una auditoria realizada por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, y la Sindicatura General de la Nación -SIGEN- en la que se observaron irregularidades tales como desvío de fondos en el marco del programa GIRSU.

Esto llevó a que el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Pablo Bolado, realizara en 2016 una denuncia que ahora está en manos de Bonadío, quien investiga el destino que tuvieron los 600 millones de pesos que entre 2013 y 2015 fueron girados a 193 municipios del país, 68 de ellos de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el magistrado federal encargó un seguimiento de las obras realizadas en 120 comunas de todo el país tomados al azar, entre ellos, Azul. Lo que concluyó Bonadío luego de tener los informes de las auditorias que encargó, es que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos, ausencia de estudios de factibilidad, falta de control en la ejecución de planes, transferencias pendientes de rendición, modificaciones e incumplimientos de proyectos.

Por esto, citó a indagatoria a 98 intendentes de todo el país. Algunos ya declararon, otros, como Inza, lo harán en los próximos días.

El proyecto de Azul     

El proyecto presentado por la entonces gestión del intendente José Inza apuntaba a la  instalación de una planta de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, con la compra de maquinaria, equipamiento y vehículos.

En ese contexto, el ex jefe comunal firmó en septiembre de 2013 el convenio marco de cooperación y coordinación con la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan José Mussi, por el que recibió del gobierno nacional tres transferencias.

La primera fue el 15 de octubre de 2013 por 1 millón de pesos; la segunda, el 23 de octubre del mismo año también 1 millón de pesos; y el 7 de julio de 2015 la trasferencia fue de 2.922.132 pesos, lo que da un total de 4.922.132 pesos.

El resultado de la auditoria en Azul   

Fue el medio platense La Tecla el que accedió a los detalles del informe realizado por la SIGEN y que llevó al juez Bonadío a citar a indagatoria a 98 intendentes.

En lo que hace concretamente a Azul, la auditoria señala que el proyecto tuvo un “cumplimiento en forma parcial”.

En ese sentido, al momento de hacer la inspección detectaron, de acuerdo a la información a la que accedió ese medio, que había:

-Una chipeadora marca Deisa que tenía sólo 40 horas de uso.

-Un cargador frontal Iron Group.

-Una topadora sobre orugas marca Iron Group, que en ese momento se encontraba en reparación.

-Una planta recicladora marca Deisa que se encontraba desarmada, sin uso. “Según manifestó el responsable del municipio, están a la espera de la readecuación del galpón para su instalación”, se señaló.

Además, en el proyecto presentado por el municipio figuraba la compra de tres camiones compactadores y caja volcadora trasera, los que fueron reemplazados por tres camiones volcadores marca Volkswagen. De esos tres camiones, sólo encontraron a uno de ellos, los dos restantes estaban en Chillar y Cacharí “según lo manifestado por el responsable del municipio”, consta en el documento.

En síntesis, al momento de realizar la inspección se constató que “el Municipio adquirió maquinaria. Se compraron camiones volcadores, en lugar de compactadores. La planta recicladora adquirida se encontraba desarmada”, además de que “el municipio rindió fondos del primer desembolso, encontrándose vencida la rendición de cuentas del segundo desembolso”.

Por esto, en la mañana del próximo martes 12 el ex intendente José Inza deberá subir las conocidas escalinatas de los Tribunales Federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco de una megacausa de trascendencia nacional.

Durante la gestión del ex intendente José Inza el relleno se transformó, literalmente, en un basural a cielo abierto. ARCHIVO/EL TIEMPO

LA PLANTA DE SEPARACIÓN Y RECICLADO 

En una nota que este diario publicó el 22 de marzo de 2015, haciendo referencia al estado en el que se encontraba en ese momento el basural, ya se hacía mención al programa GIRSU -Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano-.

Acompañado por una captura de la página web del Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, allí se indicaba que en 2013 la Municipalidad de azul había recibido asistencia económica para la “instalación de una planta de separación y reciclado”, que a decir verdad nunca existió.

OTRA CAUSA POR ECOAZUL 

En octubre de 2017, la fiscal Laura Margaretic procesó al ex intendente José Inza -también a quien fuera su secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Héctor Bolpe– acusándolo de cometer delitos ambientales relacionados con la contaminación del agua y del suelo en EcoAzul, convertido en un basural a cielo abierto. También, le imputó junto a Bolpe, ser coautor de otro ilícito, el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el dictado del procesamiento, la magistrada se refirió al uso que la administración de Inza hizo de los fondos destinados para el EcoAzul, en el marco del programa GIRSU.

En ese sentido, habló del “ineficaz uso de los fondos que fueron girados al Municipio por autoridades nacionales, en el marco del Convenio marco de cooperación y coordinación entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Municipalidad de Azul, suscripto en el mes de septiembre del año 2013 entre el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nacional, Juan José Mussi, y el intendente local, José Manuel Inza, y en virtud del cual se recibió en las arcas locales la suma de 4.922.132 pesos, que tenían por objetivo financiar el proyecto Más conciencia, menos residuos, mejor calidad de vida, cuyo objetivo primordial era lograr una gestión ambiental sustentable, para lo cual lo primero que se requería era lograr una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos, siendo prioridad, entonces, adaptar la planta de clasificación de residuos que funciona en nuestra ciudad”.

En otro párrafo, Margaretic remarcó que a lo largo de la investigación constató que “dicho objetivo no se cumplió. Si bien los fondos fueron recibidos en tiempo y forma, la realidad del predio Ecoazul no cambió en absoluto. Y ello debido a las decisiones y accionar de los funcionarios que administraron los fondos”.

OTROS CITADOS A INDAGATORIA

En el marco de la causa por la que el juez Claudio Bonadio investiga el destino que en el marco del programa GIRSU se le dio a 600 millones de pesos, en diciembre de 2017 procesó por el delito de administración infiel a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y a los titulares de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Gustavo Lorusso, Omar Vicente Judis y Juan José Mussi.

La misma suerte corrieron los ex jefes de Gabinete de Asesores Ricardo Hugo Salvioli, Raúl Alejandro Fernández, Jorge Eduardo Alcántara y Andrés Matías Meizner; y a los asesores técnicos de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable María Inés Ciampi, Marcelo Eduardo González, Rubén Marcelo Ybarra y Federico José Atilio.

De la región, el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, también está citado indagatoria frente al juez Bonadío. En su caso, deberá ir a Comodoro Py el próximo 2 de julio. Según consta en la revista La Tecla, el jefe comunal de la localidad vecina recibió en septiembre de 2015, 500 mil pesos para la compra de máquinas, contendedores y realización de campañas de educación.