Walter Fabián Delgado añadió un nuevo cuestionamiento a la actuación de Guillermo Herrera, fiscal N°10. El denunciante se presentó el 27 de abril pasado ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para pedirle que lo someta a una investigación administrativa y, en última instancia, pida su destitución. Antonio Gandur, titular del alto tribunal, corrió traslado de la presentación al fiscal y a la secretaria María del Carmen Reuter. Delgado también se reservó el derecho de avanzar contra el abogado Alfredo Falú. Su versión asimismo involucra al juez Juan Francisco Pisa, al ministro público Edmundo Jiménez, y a los letrados Ernesto Baaclini y Exequiel Figueroa Torres.

El denunciante se presentó como copropietario de dos hectáreas de terreno sobre la avenida Perón al 200/300 usurpadas por el club San Martín. “Nos pasaron la topadora”, dijo. Según su relato, esa entidad afirmó en la Justicia que él era el usurpador y consiguió que Herrera requiriese la entrega provisoria del inmueble. “Ello ocurrió sin llamarme a declarar como imputado y en violación de precedentes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El juez Pisa, que subrogaban en el Juzgado de Instrucción N°2, lejos de actuar como órgano de control, convalidó las inconsistencias y violaciones de Herrera el 5 de diciembre de 2013”, explicó Delgado. A posteriori, Herrera ordenó el archivo de las actuaciones por no poder proceder o no encuadrar el hecho en una figura penal.

Apelación mediante, los camaristas Eudoro Albo y Liliana Vitar voltearon la restitución solicitada por Herrera y otorgada por Pisa mediante la resolución del 29 de junio de 2014. Los jueces dijeron que la entrega del fundo al club no tenía sustento puesto que el fiscal había dispuesto el archivo del expediente. Además, reprocharon que la medida haya sido dispuesta sin indagar a Delgado y a su hermano, José Dante Delgado.

“Connivencia procesal”

El denunciante dijo que, como consecuencia de la decisión de los camaristas, Herrera primero dispuso la entrega de las dos hectáreas a su favor, y, un día después, el 13 de septiembre de 2014, se arrepintió y precisó que la orden sólo debía proceder respecto de una fracción de 10 metros por 60. En la resolución consta que rectificaba y dejaba sin efecto la medida tomada originalmente en función de un informe de Reuter y de las constancias del expediente. En ese mismo acto, Herrera dio la posesión del terreno de mayor extensión a Oscar Mirkin, presidente de San Martín y funcionario del Gobierno.

Delgado dijo que esta desobediencia y maniobra ardidosa permitió a la otra parte ganar tiempo para “reacomodar” la causa: “entonces ingresaron letrados que mantienen una relación de connivencia procesal con Herrera hasta el extremo de formar parte de una sociedad. Así, Baaclini, tío de Falú, solicita que se le otorgue el rol de querellante y actor civil mientras Falú me contacta prometiéndome que, si cambiaba al defensor Luis Romero Abadie y le entregaba el 20% del inmueble para repartirlo entre él, Herrera y Jiménez, se haría efectiva de inmediato la entrega del terreno restante”. El denunciante dijo que como ya había sido divulgada la relación preferencial entre Herrera y Falú, este había afirmado que en su lugar debía aparecer el letrado Figueroa Torres.

“Incluso, como adelanto de prueba de las afirmaciones de Falú, en otro acto de manifiesta connivencia, la secretaria Reuter extendió una copia del sistema Lex Doctor del nuevo requerimiento de restitución de las dos hectáreas a nuestro favor, que llevaba fecha del 22 de diciembre de 2014 y que nunca fue firmado”, expresó Delgado, que agregó que adjuntaba una copia simple de ese documento. Asimismo, el denunciante acompañó el mensaje de texto que, según su versión, Falú habría enviado a Nicolás Torres, inquilino de los Delgado, en febrero de 2015, y que tiene el siguiente contenido: “(...) estoy al tanto de la maniobra de los Delgado. Deciles q lo lamento por ellos” (sic).

En marzo, el Colegio de Abogados de la Capital se sumó a la denuncia que había presentado Falú contra el fiscal Alejandro Noguera por su desempeño en la causa “Jorrat” y, además, acusó a Herrera, que también había intervenido en ese caso. Según Francisco García Posse, presidente del Colegio, “Jorrat” reflejaría respecto de Herrera el modus operandi irregular también detectado en los expedientes “Teves”, “Albarracín”, “Rigourd” y “Valdez”. En virtud de esa denuncia, la Corte ordenó una auditoría -aún en trámite- en los expedientes cuestionados, decisión que fue resistida por el ministro público Jiménez. A fines del mes pasado, ese funcionario sacó los casos objetados de la Fiscalía de Herrera.