El ministro de Planificación, Julio De Vido, está siendo investigado en los Estados Unidos por un caso de coimas que comienza a extenderse hacia varias compañías petroleras y expone una trama de sospechas de corrupción y negocios multimillonarios.

La Securities and Exchange Commission (SEC), un organismo del gobierno estadounidense encargado de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street, junto al fiscal del Distrito Este de Nueva York, Cristopher Ott, y un agente del FBI citaron al empresario José Luis Manzano y a sus socios británicos para que declaren si De Vido y el ex gobernador Mario Das Neves exigieron a su compañía “commisions”, es decir, sobornos, para otorgar contratos petroleros.

Así lo confirmaron a PERFIL fuentes directas de esta investigación preliminar, que todavía no llegó a instancias judiciales.

En febrero último, Manzano fue entrevistado durante dos horas por los investigadores en los Estados Unidos. La “entrevista” fue dirigida por el jefe del equipo, Mark Yost. Además, el miércoles recibirán por segunda vez al senador por Chubut Mario Cimadevilla. Estos organismos de los Estados Unidos trabajan en conjunto para determinar si la empresa Pan American Energy (PAE) pagó coimas al gobierno nacional y al Ejecutivo de Chubut en 2007 para extender por cuarenta años la concesión del principal yacimiento de petrólero argentino: Cerro Dragón. Clarín reveló la intervención de la SEC en abril de 2014.

Durante el encuentro de febrero, Manzano también debió responder si alguna vez operó con la financiera Sociedad de Bolsa Epsilon. En abril de 2013, esa firma fue allanada por el juez federal Norberto Oyarbide, acusada por la AFIP de fugar más de US$ 30 millones al exterior. Uno de sus clientes era una de las principales empresas dedicadas a la venta de facturas falsas, uno de los mecanismos utilizados para el pago de sobornos.

Además, los estadounidenses preguntaron a Manzano detalles de la compra de tres áreas petroleras en Chubut que su compañía hizo junto con un consorcio de empresas. El mendocino adquirió en esa provincia Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios. Das Neves se las entregó sin costo cuando era gobernador. Poco después, y a pesar de no encontrarse petróleo o gas, PAE le compró a Manzano esas áreas por US$ 47 millones. Al mismo tiempo, negociaba la extensión de la concesión de Cerro Dragón por cuarenta años.

Tiempo después de adquirir las áreas desiertas, PAE las devolvió a la provincia sin reclamar nada a cambio. “La única explicación plausible es que esa adquisición de áreas sin valor geológico fue el puente por el que millones de dólares transitaron desde PAE hacia los nuevos ricos que desde el gobierno provincial otorgaron una concesión escandalosa”, denunció el ex procurador general de Chubut Eduardo Samamé, ante la Justicia argentina. Los estadounidenses también se interesaron en esa transacción.

Manzano no fue el único que tuvo que rendir explicaciones ante la SEC, el FBI y el fiscal de Distrito. Los accionistas ingleses de la compañía de Manzano, Andes Energía PLC, también tuvieron que declarar por el caso de supuestas coimas, pero en Londres.

Das Neves en 2014: “Al principio sí, negociamos con De Vido, porque había cosas para articular con Nación”

La citación no fue de un día para el otro. La primera notificación que recibió Manzano sobre la investigación fue en noviembre de 2013. Su petrolera envío toda la documentación solicitada por los Estados Unidos y más tarde fue citado a testimoniar ante el organismo.

Cuando este diario consultó al senador Cimadevilla, uno de los principales detractores de la extensión de la concesión de Cerro Dragón, el legislador confirmó que él pidió una cita con la SEC y que en febrero fue entrevistado durante cinco horas. También adelantó que este miércoles mantendrá una nueva reunión, a pedido de los estadounidenses, para entregar documentación sobre el contrato de Cerro Dragón y documentos secuestrados por el fiscal federal Guillermo Marijuan durante los allanamientos de abril en dependencias del gobierno de Chubut.

“El principal interés que mostraron fue por De Vido y Das Neves, y su participación en la concesión. También me preguntaron por el rol de Norberto Yahuar, que en el momento en que se firmó el contrato era ministro coordinador de Das Neves –luego fue ministro de Agricultura de la Nación–. Me preguntaron por Manzano y por el actual gobernador, (Martín) Buzzi. Y me preguntaron qué tipo de empresarios eran los Bulgheroni”, aseguró Cimadevilla.

“Sé que están haciendo seguimiento de las cuentas bancarias y de una financiera argentina. Me interrogaron mucho sobre la mecánica del contrato. El fiscal de distrito y el agente del FBI preguntaron mucho”, agregó el senador.

“El contrato por la concesión de Cerro Dragón se comenzó a negociar en el gobierno de Néstor Kirchner con De Vido. En diciembre de 2006, se sancionó en tiempo exprés la ‘Ley Corta’, que transfería la administración de los yacimientos a las provincias. El 12 de abril de 2007, Das Neves viajó con Néstor Kirchner a Venezuela. El 20 de abril, el entonces gobernador envió el contrato a la Legislatura provincial y el 27 se firmó con PAE, sin licitación. Se habla de 300 millones de dólares de coimas, 230 millones para Buenos Aires y 70 millones para Chubut”, acusó Cimadevilla.

PERFIL accedió a copia de dos contratos. El diputado Carlos Lorenzo presentó el borrador que el ministerio de De Vido habría elaborado mientras negociaba con PAE durante 2006. La redacción del escrito es idéntica al contrato que firmó Das Neves en 2007.

El fiscal Marijuan solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que pida a la SEC que informe sobre su investigación y la prueba reunida sobre la posible coima. “Estamos a la espera de que la Cancillería argentina y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos realicen los trámites para que nos llegue la respuesta del organismo”, dijo a PERFIL.

La investigación de la SEC comenzó oficialmente en noviembre de 2010, según consta en el documento al que accedió PERFIL. Allí quedó asentado que British Petroleum (BP) y PAE son investigadas por supuesto pago de coimas. La primera es dueña del 60% de PAE. El resto es de la familia Bulgheroni y la china Cnooc.

En PAE admitieron a PERFIL que desde hace cuatro años y hasta 2014, ejecutivos de esa compañía fueron citados por la SEC y “entrevistados” en conjunto con un fiscal de Estado y el FBI. Mario Calafell Loza, uno de los gerentes de PAE, fue uno de los citados a rendir explicaciones sobre Cerro Dragón. También le preguntaron por el rol de los “funcionarios argentinos” en la concesión, confirmaron fuentes de la compañía. Esas “entrevistas son voluntarias y no constituyen una declaración testimonial”, informaron. “La SEC no ha formulado cargos a la compañía por ningún hecho.

En Argentina, fue la propia PAE la que solicitó la apertura de la investigación en la Justicia para evidenciar la absoluta regularidad del acuerdo. PAE niega cualquier irregularidad”, hicieron saber sus voceros.

Las reuniones con los argentinos se sucedieron en Nueva York y en otras ciudades de EE.UU. Durante las últimas semanas, PERFIL consultó al FBI, a fiscalía del Distrito Este en Nueva York y la SEC. Los tres organismos dijeron a través de sus voceros que no pueden dar información.

“No tuve ninguna participación en el expediente porque no era mi competencia autorizar o rechazar esa prórroga”, explicó De Vido en 2014. Voceros de Das Neves, candidato de Sergio Massa en Chubut, afirmaron que “lo que firmó Mario lo volvería a firmar y se ha sometido a la Justicia”.