La Justicia ahora se enfocó en la contratación que realizó el Estado de las empresas que se dedican a la transmisión de los partidos de fútbol y en el demorado sistema de seguridad para evitar la violencia en ese deporte, anunciado como AFA Plus y que nunca se puso en marcha.

Por eso, el fiscal federal Eduardo Taiano, que investiga el fútbol estatizado, pidió a la jueza federal María Servini de Cubría que ahonde en esas contrataciones y que pida datos acerca de si el dinero girado por el Estado a la AFA sirvió para desendeudar a los clubes o si, como es público, multiplicaron sus pasivos.

La actividad judicial se dio por la ampliación de la denuncia que realizó la legisladora Graciela Ocaña en la que apuntó a las empresas ligadas al fútbol estatizado y que ya motivó que la jueza Servini de Cubría allanara la AFA en junio pasado.

El fiscal Taiano recogió la ampliación de la denuncia de Ocaña y pidió ampliar la investigación sobre contrataciones que se habrían hecho en forma directa y sin respetar los procedimientos fijados por el Estado nacional. El fiscal citó la denuncia cuando señaló que se habrían "incumplido los procedimientos de contratación establecidos por el Estado nacional al momento de acordar con las productoras a cargo de la transmisión del fútbol", y que habría sido en forma directa o mediante el reconocimiento de pagos bajo la figura de legítimo abono, por montos superiores a los 200 millones de pesos. Se trata de los contratos con La Corte SRL, la empresa que monopoliza las transmisiones de los actos oficiales de los actos del Gobierno y la actividad presidencial en la Argentina y en el mundo, con VTS, con Video 4, con Wayson Producciones, con Recordvision SA, con Prensa Satelital SA y con Santa Mónica SA.

Ocaña informó en la denuncia que el capital accionario está integrado por Dardo de Marchi, Jorge Galitis y Jesús Samper, y que se trata del "agente comercial exclusivo de la selección argentina de fútbol" que recibe todo lo recaudado en publicidad, que se estima en 11.500.000 de dólares, pero que sólo "eroga un canon anual a la AFA de 4 millones".

Incluso Ocaña informó sobre datos que recibió en forma anónima y que dan cuenta de que Santa Mónica SA recibió en 2011 unos 968.000 de pesos de parte del Estado nacional por televisación de un partido que el seleccionado de fútbol argentino disputó con el de Paraguay.

El fiscal Taiano pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) aporte información de estas empresas a la AFA sobre quiénes fueron los titulares de los derechos televisivos del Fútbol para Todos desde 2011 hasta la fecha y qué tipo de contrato tuvo con Santa Mónica; y a la Jefatura de Gabinete, sobre la modalidad de contratación que hubo con las empresas, qué contratos firmó y cuánto pagó a cada una.

A la AFA le pidió que brinde un informe detallado "en cuanto a la implementación y puesta en marcha del AFA Plus", un plan que nunca vio la luz. A la Jefatura de Gabinete también le pidió el convenio que firmó para el programa Sabed, que está relacionado con el registro de huellas digitales de los concurrentes a las canchas de fútbol. Fue anunciado por la Presidenta en un acto en julio de 2012.

Según denunció Ocaña, el gobierno nacional incrementó el monto del contrato por medio de tres adendas. Por último, el fiscal pidió que la AFA y la Jefatura de Gabinete evalúen a partir de la implementación del Fútbol para Todos la evolución patrimonial de los clubes afiliados y su eventual "desendeudamiento".

US$ 11 MILLONES PARA SANTA ANA

Es el agente comercial exclusivo de la selección y habría recaudado ese monto por ingresos por publicidad y pagado sólo US$ 4 millones a la AFA.

LOS NÚMEROS DE LA DENUNCIA

$ 200 millones en contratos

Son las contrataciones directas o por "legítimo abono" de las empresas que producen y transmiten Fútbol para Todos..