La investigación contra Suris se desarrolló dentro de la AFIP desde junio de 2011, a pedido del fiscal Antonio Castaño. Fue por la emisión de facturas falsas para repartir entre 200 empresas de, entre otros, Cristóbal López y Lázaro Báez, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y el testimonio de media docena de fuentes.

Esa pesquisa se plasmó en el expediente administrativo 65.846/2011, que avanzó en la Delegación Bahía Blanca de la AFIP y comenzó a dar sus frutos a mediados de 2012. Hasta que irrumpió el titular del organismo, Ricardo Echegaray, quien el 9 de agosto de ese año emitió la disposición 299/12 y bajó esa delegación al nivel de "agencia". Cuatro días después removió autoridades y desarticuló el área local de Fiscalización, que investigaba el caso.

La ofensiva sobre las oficinas de la AFIP en Bahía Blanca mostraron una notable correlación con el desembarco, en tres viajes, de funcionarios nacionales que llegaron desde Buenos Aires, según reconstruyó LA NACION. El primer viaje relámpago lo encabezó el propio Echegaray. Según cuentan en Bahía Blanca, se habría reunido con uno de los abogados de Suris en las oficinas de la AFIP en esa ciudad. LA NACION llamó a la AFIP el viernes, pero no respondió la consulta.

Poco después, todas las empresas vinculadas a Suris o que recibieron sus facturas quedaron bajo la órbita de otro equipo de sabuesos de la AFIP, bajo órdenes de un jefe ubicado en la Delegación de Mar del Plata, Sebastián Durruty, amigo de Echegaray, según consta en ese expediente administrativo. Ese equipo ya habría terminado su trabajo, sin que hayan trascendido sus resultados, aunque serían muy distintos de las primeras estimaciones del equipo anterior.

"Sólo puedo decirte que de las rectificaciones impositivas que presentaron los contadores de Suris, la cuenta dio cero de deuda", indicó a LA NACION otro de los abogados del detenido amigo de Fariña, Mariano Bernárdez.

Acaso por una coincidencia temporal, poco después de que el segundo equipo redujera el "ajuste", desde Buenos Aires se informó que la agencia de la AFIP volvería a conformarse como una Dirección Regional. Ocurrió mediante la disposición 525

13 del 4 de diciembre último. Más aún, Echegaray restauró a todas sus antiguas autoridades. Salvo los vinculados a la investigación inicial.

Para entonces, ya se había producido el segundo viaje, desde Buenos Aires, de funcionarios nacionales. Sucedió poco después de que la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) convocó a un paro nacional "contra la destrucción del organismo" el 14 y 15 de agosto de 2012 . Y presentó un amparo ante la Justicia Federal en Bahía Blanca para impedir la avanzada de Echegaray sobre las oficinas y empleados locales.

El juez subrogante y el fiscal que recibieron ese amparo dieron entonces sus primeros pasos. Hasta que un camarista federal y el fiscal se reunieron en un restaurante de la ciudad con uno de los máximos asesores de Echegaray, Julio Nieto, cuyo nombre rodea la red de sociedades del empresario Jorge "el Uruguayo" Lambiris. Días después, el fiscal dictaminó en contra del amparo, mientras que fuentes del Banco Nación consignan una promesa para que la fiscalía se mude a otras oficinas en un edificio público más espacioso de esa ciudad. El amparo fue rechazado.

El planteo de los concejales

En ese contexto, dentro del Concejo Deliberante de la ciudad, el concejal Raúl Woscoff impulsó el proyecto de resolución HCD 1060

2012. La movida de Echegaray, expuso, "implica desmantelar la oficina dedicada a la investigación de «facturas truchas»", dado que, alertó, "podría verse afectada la continuidad de las mismas con motivo de la desarticulación de la División Fiscalización 3 en la AFIP local. El Concejo aprobó la resolución. Pero nunca recibió respuesta. Tampoco otras cuatro resoluciones aprobadas por el mismo caso: las 1023, 1033 y 1092 de 2012 y la 566 de 2013.

Pero, ¿qué había descubierto esa división? Que Suris utilizaba cinco firmas para proveerle facturas truchas que terminaban en los registros de unas 200 empresas de esa ciudad, Buenos Aires -unas 20 firmas del total-, Córdoba y San Luis, entre otras. Esas cinco firmas, según reconstruyó LA NACION, son sociedades en las que Suris actuó como presidente o apoderado: CVP Industria SA, M Magna SA, E & J Argentina SRL, Scarsur Bahía SA y Attimo Bahía Blanca SA.

Los sabuesos también habían detectado que entre las firmas receptoras de esas facturas apócrifas por unos $ 9 millones aparecía Álcalis de la Patagonia, luego de que Cristóbal López tomó el control de esa firma. López regularizó la situación de Álcalis, según confirmaron sus colaboradores a LA NACION. Al menos, por su evasión de IVA. Para eso desembolsó $ 2 millones. "Como proveedor de las usinas de Álcalis, nos enchufaron facturas truchas. Pero en cuanto se detectó, se decidió el pago inmediato", indicó un vocero de López.

Sin embargo, la trama excede por mucho a López. Al punto que se especuló que podía abarcar una evasión cercana a los $ 200 millones, cifra que sin embargo no surge de ningún documento oficial. Pero sí se verificó que entre las receptoras de esas facturas figuran constructoras del Plan Federal de Viviendas del Ministerio de Planificación Federal. Es decir, el secretario de Obras Públicas, José López, y el ministro Julio De Vido.

Sí quedan rastros, también, de que entre los receptores de facturas apócrifas también aparecen empresas de Lázaro Báez, a través de una intermediaria de Caleta Olivia, Santa Cruz: Iberoamericana de Servicios. Consultado por LA NACION, Báez negó conocer a esa firma constructora y que, "definitivamente" no hizo negocios con ella.

En el caso de Báez, sin embargo, los sabuesos no lograron avanzar demasiado. Según cuentan desde la AFIP, porque llegaron emisarios desde Buenos Aires y se llevaron los libros y documentos.