El fiscal de Instrucción Arnoldo Suasnábar, a cargo de la causa, había solicitado hace poco más de un mes una pericia contable sobre un informe del Tribunal de Cuentas, que revelaba anomalías en 86 de 423 trabajos autorizados por el investigado ex funcionario.

La semana pasada, la perito contable del Ministerio Público Fiscal, María Elena Lampa, respondió el oficio elevado por Suasnábar, pero no emitió dictamen. En su lugar, la experta remarcó la necesidad de indagar sobre la situación legal de las empresas constructoras que fueron adjudicatarias de obras públicas de la DAU, bajo el régimen de la Ley N° 7.960. Esta norma, sancionada en 2007 por la Legislatura y promulgada días después por el gobernador, José Alperovich, habilita a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a eludir licitaciones públicas en casos de prioridad y urgencia, por hasta un tope de $ 150.000.

Tras este requerimiento, siempre según fuentes cercanas a la causa, Suasnábar remitió un escrito a la Dirección General de Rentas (DGR), con el objetivo de satisfacer los planteos de la contadora Lampa.

Hasta ahora, la repartición a cargo de Pablo Clavarino no contestó el oficio, expresaron desde los Tribunales penales. Los investigadores consideran clave este informe para avanzar con los trámites procesales.

Brito, ex bussista, asumió en 2008 como titular de la DAU, por decisión del gobernador, José Alperovich. En agosto del año pasado, el mandatario le pidió la renuncia, luego de que el Tribunal de Cuentas detectara sobreprecios en el proyecto de obra para restaurar la fachada de Casa de Gobierno. Desde entonces, el ex funcionario es asesor del senador oficialista Sergio Mansilla.

Tras la escandalosa dimisión, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) realizó una denuncia penal en contra de la gestión de Brito. El escrito fue recibido por la fiscala de Instrucción de la VI° Nominación, Adriana Reinoso Cuello. El eje del planteo judicial de la opositora era que se determine si se dañó el erario de la Provincia; a la vez, la radical ofreció una serie de pruebas, como presuntas empresas "fantasma" y otras operaciones supuestamente anómalas.

Tras casi un año de pesquisa, Elías de Pérez acudió al ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri, para cuestionar la metodología de trabajo de Reinoso Cuello. La fiscala adujo violencia moral, y le envió -por el sistema de compensación- el expediente a su par de la Fiscalía de Instrucción de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila. Este tampoco aceptó el expediente. Entonces, Reinoso Cuello lo redirigió a la oficina de Suasnábar, quien intentó inhibirse por amistad manifiesta. Sin embargo, la jueza Mirta Lenis de Vera (secretaría de Carlos López) resolvió que el fiscal de la VII° Nominación debía hacerse cargo de la causa "DAU".

La primera medida que solicitó Suasnábar fue redirigir al Ministerio Público Fiscal de la Corte Suprema la auditoría del TC que enumeraba anomalías en la gestión de Brito. La perito contable Lampa ya había intervenido por pedido de Reinoso Cuello. En mayo de este año, la especialista había instado a la fiscala a requerir más datos sobre las empresas adjudicatarias a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la DGR, al Registro Público de Comercio y al Registro General de Constructores de Obra Pública.

En esa ocasión, la nómina comprendía a las firmas: "Construcciones y Servicios 1", "Yanina M. Lerda Anastacio", "Drober Aráoz SRL", "DC Construcciones", "Construcciones Moral"; "El Moral SRL", "Bianconero SRL"; Arquitecto Julio Villafañe"; "Construcciones Orlando"; "Construcciones Bonano"; "Esteban Bonano SRL"; "Avasur"; "Zambrano de Brandán"; "Demacoms"; "Pasto Hachao SRL"; "Jach Construcciones y Servicios"; "Bestani Construcciones SRL"; "Francisco V Rodríguez"; y "Valmatch".

Las fuentes tribunalicias no ahondaron en detalles respecto al listado de las firmas sobre las que se debe pesquisar datos, como fecha y constatación de inscripción; nombre de los titulares; domicilios; y declaraciones juradas de impuestos a ingresos brutos, entre otros. Sin embargo, todo indica que se apuntará a las empresas que fueron adjudicatarias de obras públicas mediante contratos directos.

En mayo pasado, el Tribunal de Cuentas elevó a la Justicia la auditoría sobre la gestión de Brito en la DAU. El informe de los ingenieros fiscales reveló que había rampas para discapacitados, plazas y otras tareas que aparecían como ejecutadas y abonadas en los expedientes de la repartición, pero que no fueron hallados en las inspecciones físicas. En la actualidad, bajo la gestión de Juan Luis Pérez, la DAU continúa realizando obras mediante la Ley N° 7.960, que permite sortear licitaciones hasta por $ 150.000.

En más de un año de investigación, todavía no se ha citado a imputados en la causa "DAU". Brito, representado por Arnaldo Ahumada, ya se ofreció para prestar declaración y se puso a disposición de las autoridades judiciales. De todas maneras, el hombre apuntado por Elías de Pérez todavía no desfiló por los Tribunales.