Algo huele mal en tribunales. Se trata de una causa que investiga el destino de $ 600 millones que salieron de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos (RUS), es decir, la basura que se genera en cada casa. 

Pero el proyecto del entonces gobierno kirchnerista podría haber sido una excusa para desviar fondos públicos y favorecer a cuatro municipios alineados políticamente, simulando que el destino eran obras que nunca se concretarían. 

Los fondos investigados fueron manejados por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Jorge Capitanich. Las sospechas indican que el dinero se manejó discrecionalmente, con un fuerte olor político. 

“El programa funcionó con serias dificultades de control, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos”, sostuvo la denuncia a la que accedió PERFIL sobre la base de la auditoría de la nueva gestión de Medio Ambiente y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Los mayores recursos fueron a municipios de Chaco, la provincia de Capitanich, con casi 30% de los recursos del programa. “Los criterios técnicos para otorgar más de $ 173 millones a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los Residuos Sólidos Urbanos a nivel nacional no fueron suficientemente justificados”, advirtió el dictamen que el fiscal federal Carlos Rívolo presentó ante el juez Claudio Bonadio. 

Los municipios chaqueños recibieron $ 3,5 millones, sin ningún criterio claro, y aun cuando los documentos y proyectos no habían sido presentados en tiempo y forma, ni con especificación técnica. Algunos casos rozaron el ridículo: un municipio pidió $ 2,1 millones pero recibió $ 3,5 millones.

Otra de las beneficiadas fue la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, donde gobernaba Raúl Cantin, tío político de Lázaro Báez. Río Gallegos recibió $ 25.176.903 para que las obras las hiciera la empresa Edisud SA, una constructora de Comodoro Rivadavia que hizo negocios con Cristóbal López. 

Pero “en marzo de 2015 y sin que se hubiera aprobado la primera rendición, la municipalidad criticó a su propio proyecto y solicitó la ampliación de fondos por $ 59.455.148”, dice el escrito al que accedió este medio. 

Esta vez, le mandaron sólo $ 34 millones, pero “no se mejoró la situación del tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y el proyecto resultaba inviable”, sostuvo Rívolo.

La auditoría demostró que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”. Y que tanto la Ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no le enviaron nada: “Sólo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 % de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional”.