La Justicia investiga a otra empresa con vínculos y varios contratos con el Gobierno de la Ciudad en una causa caratulada“Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”. En coincidencia con su consagración como presidente, se realizaron una serie de medidas de prueba, según pudo corroborar PERFIL a partir de fuentes oficiales.

El caso pone en la mira a la empresa Synergia SA, que, según el denunciante Antonio Liurgo, un abogado que acumula numerosas denuncias judiciales contra la gestión del PRO, sería propiedad del ex legislador de ese partido, Avelino Tamargo. La compañía, argumentó el denunciante en base a información publicada en diversos medios, logró una serie de contrataciones, entre ellas el evento que trajo al gurú Sri Sri Ravi Shankar en 2013, un homenaje a Alberto Olmedo y diversas actividades en el Colón.

El caso es una derivación de las denuncias contra el ex candidato a diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires Fernando Niembro, por los negocios de La Usina Producciones con la Ciudad.

Por sorteo, la denuncia recaló en el Juzgado de Instrucción Nº 46, a cargo de Jorge de Santo. La investigación es impulsada por la Fiscalía Nº 17, que solicitó, según pudo saberPERFIL, una serie de medidas de prueba que fueron ejecutadas por el magistrado.

Pocos días antes de que Macri fuera electo, el magistrado envió un oficio “urgente” a la Inspección General de Justicia para obtener el expediente societario de Synergia SA, una medida que frecuentemente se realiza para dilucidar si existe un propietario oculto, como sugirió el denunciante.

Fuentes cercanas a Synergia SA negaron que Tamargo sea el propietario pero se indicó que sí fue contratado por ellos, como lo hacen múltiples sociedades, sin que ello signifique que sea su titular.

También se solicitó al Gobierno de la Ciudad que detallara los contratos que mantuvo con Synergia SA.

Tanto en éste como en el caso que precipitó la renuncia de Niembro a su candidatura a diputado, los denunciantes cuestionan el mecanismo de contratación directa.

En la presentación que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado (Procelac) para impulsar el caso original contra Niembro se había argumentado que el mecanismo de contratación directa previsto en la legislación porteña era excepcional y no debía usarse en los casos que la Justicia ahora investiga.