Entre los delitos que los fiscales analizan figuran la posible comisión de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, supresión y suposición de estado civil y de identidades de las personas” e incluso no se descarta la imputación de “asociación ilícita” para los acusados.

Fuentes judiciales revelaron que las imputaciones podrían alcanzar a otros funcionarios de mayor rango judicial, con lo cual el caso de las adopciones amenaza con convertirse, probablemente, en el mayor escándalo de la justicia salteña en los últimos 30 años.

Las investigaciones se encuentran muy avanzadas y en manos de los fiscales penales 2 y 5, Marcelo Rubio y Máximiliano Troyano, quienes fueron asignados a llevar adelante las diligencias en torno a esta causa por orden del Procurador General, Pablo López Viñals.

Para esta atribución, el Procurador está facultado por el artículo 82 del Código Procesal Penal de Salta, para disponer la actuación conjunta de dos o más fiscales en un determinado hecho a investigar.

El caso llegó al ámbito de la Procuración a partir de un informe remitido por la Cámara de Diputados a fines del año 2013, en el que se hacía mención a supuestas irregularidades en el proceso de adopción de niños en el juzgado de la ciudad de Metán, entre los años 1997 y 2008.

El caso de las adopciones fue develado hace dos años en otra sesión de diputados, aunque en aquella ocasión la alarma la prendió el diputado, Pedro Sández, quien expuso la irregular situación de los procesos adoptivos a partir de las declaraciones realizadas por el secretario Tutelar de la Corte de Justicia, Ernesto Douthat.

Este funcionario, entre otras irregularidades, puso de manifiesto la enorme brecha que registraban las adopciones en la Capital salteña y Metán, como así también una serie de irregularidades en los trámites legales que se exigen para las adopciones.

Douthat puso así en dudas más de 100 procesos de adopciones, hecho que llevó a Sández a tratar el tema ante sus colegas, quienes decidieron poner al tanto de la situación a la Corte de Justicia, puesto que en las tramitaciones aparecían sospechados, al menos, dos jueces.

La carga probatoria obtenida por los fiscales no sólo es suficiente para identificar a los primeros imputados, sino tan contundente que llevaron a Troyano y Rubio a sumar cinco delitos penales, entre ellos el de asociación ilícita, acusación que prácticamente permite sospechar del accionar mafioso en las adopciones.