El proyecto del Relevamiento surgió de la necesidad de contribuir, con información confiable, al conocimiento de las causas y daños producidos en los barrios afectados por la inundación. Al mismo tiempo da cuenta de las características y alcances de las respuestas brindadas por el Estado y describe acciones colectivas desplegadas por las organizaciones sociales y políticas, además de las tareas asumidos por los vecinos ante la catástrofe social.

Según explicaron frente a la Gobernación, en el marco de la jornada organizada por las asambleas de vecinos platenses a 6 meses de la tragedia, inmediatamente después de aquella lluvia se contactaron con la Municipalidad de La Plata, el ministerio de Salud bonaerense y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes al principio dieron el visto bueno y se mostraron agradecidos por el trabajo que pretendían realizar, pero luego los dejaron de lado.

“Sabemos que esto toca intereses”, repitieron en más de una ocasión Valeria Redondi y Mirta Rivero -presidenta y consejera superior del Colegio de Trabajadores Sociales bonaerense, respectivamente-. “Asumir esta tarea era un riesgo enorme, porque entre otras cosas teníamos cero cantidad de dinero y muchas dificultades para iniciar el trabajo”, recordaron quienes encabezaron el relevamiento.

“Muchos barrios hasta hoy no han recibido ningún tipo de asistencia”, aseguraron, entre otras conclusiones que a simple vista son categóricas, teniendo en cuenta la importancia de la muestra: casi 3 mil 500 viviendas de 27 barrios afectados dentro del Partido de La Plata, Berisso y Ensenada. El trabajo contó con más de 1500 voluntarios -en su mayoría estudiantes y profesionales de Trabajo Social, junto a otros profesionales y vecinos de la comunidad-.

Hicieron hincapié en una notoria ausencia del Estado en sus tres niveles, sin distinciones, y al momento de brindar algunos de los datos, remarcaron los más importantes, como por ejemplo que en aquella noche y madrugada de abril, la evacuación fue realizada por los propios vecinos en un 96,83%, mientras que el restante 3,17%, fue el Estado. Esto en base a las respuestas de la gente.

Algunas de las conclusiones que adelantaron es que “no se trató de una catástrofe natural, sino social”. Los datos confirman que “las respuestas inmediatas y posteriores a la inundación, fueron realizadas casi exclusivamente por las organizaciones de la sociedad. En tanto, la política pública quedó reducida a acciones desarticuladas, sin planificación, y un manejo discrecional de los recursos disponibles”.

El informe final con todas sus conclusiones se dará a conocer el miércoles 9 de octubre a las 17:30 horas en la Facultad de Trabajo Social de la calle 9 y 63, en La Plata.