La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) intimará a los countries, clubes de campo y barrios cerrados en desarrollo que figuren como parcelas rurales o terrenos baldíos para que regularicen el pago de sus impuestos.

Según la información de la agencia, existen alrededor de 1.000 countries y proyectos similares en la Provincia y el 59% no están regularizados. Es decir, pagan impuestos como si fuesen parcelas rurales o baldías, aún cuando son desarrollos inmobiliarios que prácticamente están terminados. 

La medida es consecuencia de la nueva metodología de valuación de la tierra que fue aprobada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en junio. 

El director de ARBA Gastón Fossati explicó que la metodología de cálculo permitirá determinar el valor de los emprendimientos en función del grado de avance de las obras". Y agregó: "De esa manera, pagarán el impuesto inmobiliario en forma proporcional al nivel de desarrollo que vayan teniendo hasta llegar a su consolidación total. Cuando estén concluidos, se les aplicará el método de valuación específico que se utiliza para countries". 

Además, destacó que "desde el punto de vista fiscal este sistema de valuación permitirá normalizar la situación de 590 barrios cerrados del territorio bonaerense que, en la actualidad, tienen incompleto su trámite de inscripción".

Antes de la nueva reglamentación existían tres categorías para valuar la tierra. Rural, urbana y countries. Pero ahora, desde que se aprobó la ley N°15038, entró en vigencia una nueva categoría: "countries en desarrollo". Allí, como explicó Fossati, está regulado cuánto debe tributar el terreno en función del grado de desarrollo del emprendimiento.

La metodología de valuación prevé que los administradores de los countries informen al fisco las características y el grado de desarrollo de cada urbanización, así como también todos los avances en las obras. Además, ARBA puede disponer inspecciones u otras medidas de verificación para constatar la situación real de los desarrollos.

En caso de que los responsables de los barrios cerrados no presenten en término la documentación requerida, el organismo tiene la potestad de determinar de oficio el valor de la tierra. Para ello, se basará en los datos que le aportan las fiscalizaciones presenciales y satelitales que lleva adelante, así como los provenientes de los agentes de información del fisco.