La interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, adelantó en una entrevista en Télam que dedicará parte de su gestión a revisar el accionar del área de inteligencia de los agentes penitenciario, tras conocerse que varios de los presos en Ezeiza, por citar ejemplos, eran escuchados ilegalmente. 

“Esa es un área que tiene 350 personas y hay que ver cuál es su utilidad”, manifestó Rébori, que integra Justicia Legítima, y es afín a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La flamante interventora, que llegó tras la salida de Emiliano Blanco, consideró que el coronavirus afecta a los presos por la dificultad que tienen de poder comunicarse con sus familias, a quienes por razones de protocolo de sanidad, se les impidió la visita desde que empezó la cuarentena. 

Y contó que hay 60 agentes penitenciarios con coronavirus, en el ámbito del SPF. Cuando el periodista Felipe Celesia le preguntó por las escuchas ilegales en pabellones, Rébori respondió: “Claramente voy a dedicar parte de mi tarea a lo que es el servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal porque las noticias periodísticas que nos ponen al tanto de la causa que está llevando el doctor Federico Villena en el juzgado federal de Lomas de Zamora, ponen en evidencia que algo hay que hacer respecto a eso”, dijo. 

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Y agregó: “Esa es un área que cuenta con casi 350 agentes penitenciarios. Hay que ver cuál es la real necesidad, cómo se distribuyen las tareas, qué tareas han encarado. Todo eso todavía está en etapa inicial. Iremos viendo incluso si se pueden delinear protocolos para evitar que esto nos vuelva a ocurrir”.

Tal como publicó PERFIL, la hipótesis de la justicia en la causa es la de que, en los últimos años, funcionó una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o AFI.

En este contexto, se ordenaron allanamientos en el penal de Ezeiza, donde varios ex funcionarios kirchneristas, acusados de corrupción, pasaron al menos dos años en prisión preventiva.  

Los operativos en las cárceles fueron ordenados por Villena y concretados por Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeronaútica (PSA). El principal eje en Ezeiza fue en el módulo 6, en los pabellones C y D, dónde, entre otros, varios presos kirchneristas se reunían con sus familiares o abogados y desde dónde hacían sus llamadas telefónicas, varias de las cuales fueron grabadas y luego incluso en muchos de los casos, difundidas. Todo lo relevado en el allanamiento es ahora motivo de análisis, por lo que no se descartan que en el correr de los próximos días haya más novedades en este tramo del caso.