El conjunto del justicialismo, si bien pondera la jerarquización de los municipios al eliminarse los consejos departamentales y jurisdiccionales, cuestiona lo limitado de la reforma que no apunta a poner al partido en condiciones competitivas para las generales.

En el partido de Perón hay un denominador común. Las internas son más que nunca necesarias, partiendo de la base de que no hay candidato natural y que, luego de experiencias fallidas en los últimos años, es necesario legitimar liderazgos por el voto de los pocos más de cien mil afiliados. 

Se interpreta que nada mejor que una intervención para llevarlas a cabo, por la organización y los costos que demandará hacerlas con todas las de la Ley, para que conduzcan al objetivo insoslayable de construir la unidad mediante el voto de los afiliados.

En este contexto, el principal tema a resolver es la eliminación de las llamadas internas abiertas que determina que sean 700.000 los correntinos convocados a votar para elegir los candidatos electivos. Esta modificación, tan elemental como obvia, no fue tenida en cuenta por la Intervención, que pretende avanzar con la elección sólo de cargos partidarios, dejando a la nueva conducción la brasa caliente de tener que poner en marcha un nuevo proceso electoral de por sí complejo.

Por qué ha obviado este paso tan necesario, difícil resulta de explicar. Como lo es también el no unificar en una sola fecha la elección de candidatos partidarios y electivos, que es el denominador común del reclamo de todos los sectores que coinciden que las reglas de juego deben ser claras y que el consenso previo en torno a las mismas resulta ineludible para evitar por imprevisión que las diferencias se ventilen en los estrados tribunalicios.

En tanto, aún se espera que la Intervención dé a conocer el informe pedido al inicio de su gestión por la jueza Federal, María Servini de Cubría de cómo recibió el partido al momento de hacerse cargo. Un tema que no es menor, porque a la Intervención se llegó por una serie de desprolijidades administrativas que detonaron frente a la impotencia de organizar un acto electoral, entonces para 630.000 electores.

El porqué Sotelo actúa en soledad, es un misterio. Se escudaría en directivas tomadas desde Formosa, algo que siempre al peronismo de Corrientes hizo algo más que cosquillas. La falta de líneas de diálogo para la toma de decisiones trascedentes con las listas que podrían participar es un interrogante que aún no encuentra respuesta.

Días atrás, desde Santa Lucía, legisladores e intendentes reclamaron que las elecciones se unificaran en una sola fecha. Se habló también de las condiciones que deberían crearse.

Elecciones anteriores ponen sobre la mesa cuestiones centrales a resolverse, tales como el lugar en el que funcionará la Junta Electoral, quiénes la compondrán y quiénes serán los administrativos que garanticen imparcialidad.

El lugar dista de ser un tema menor. Décadas atrás, luego de la colección de urnas bajo fuerte custodia traídas de toda la provincia, acompañadas por 60 veedores designados a costo de parte por la Justicia Federal, la sede de la calle Salta, aún custodiada por Gendarmería Nacional, fue blanco de la acción de boqueteros que accedieron por una ventana interior, violando catorce urnas que impidieron el recuento definitivo, llevando al partido a su intervención luego de la interna que se llevó puesta a quien por más de tres décadas fue amo y señor del justicialismo correntino, el ex legendario caudillo, Julio Romero.

En función a ello, en lo sucesivo, algún recuento se hizo en dependencias del propio Juzgado Federal y otro par de veces en el Correo Argentino. Ahora, se habla de que ya estaría contratado el servicio, más allá de que sin fecha esta versión carece de asidero. 

El proceso de organización para el Correo lleva cuarenta días, y la fecha es un elemento central, decisión esta que la Intervención pondera, habida cuenta primero de la resistencia para una interna exprés y acotada a cargos partidarios; y luego, por lo impolítico que sería poner al peronismo en actividad proselitista en el peor momento de la pandemia, cuando todas las señales indican que lo que se viene aún es más preocupante.

Más allá del tema de la Junta Electoral y su funcionamiento, dos aspectos son centrales a la hora de hablar de las reglas de juego. Por un lado, el cronograma electoral; y por otro, el reglamento electoral que complementa al estatuto partidario. De estas dos cosas nada se sabe.

Lo positivo

La eliminación de los consejos departamentales y jurisdiccionales es una decisión de alto impacto. Responde a uno de los reclamos y apunta a revalorizar la territorialidad y la federalización del máximo órgano de conducción que, de pique, estará formado por una base de 150 congresales representativos de los 75 municipios, a razón de dos por cada uno de ellos, más los que resulten de exceder dicha cantidad; lo cual haría que por caso, Capital tuviera 37, Goya 11, Paso de los Libres 7, Monte Caseros 6 y Mercedes 3. Con ello, el peso de los grandes distritos se licuará.

La decisión, además, apuntará a obligar a los jefes comunales a revalidar títulos al estar planteadas en casi todas las comunas cuestiones internas a resolver mediante el voto. En alguna de ellas, con más de dos listas. En los hechos, el peso de los intendentes en términos electorales internos dista de ser determinante. En las intendencias reside el 21 por ciento del padrón de afiliados. Y, siendo que no hay liderazgos claramente reconocidos, el peso en la balanza provincial dista de ser determinante dado que el valor de cada jefe territorial pasa por la diferencia de votos en su favor que pueda tener y no por la cantidad de afiliados.

Otro aspecto a considerar

El comunicado de Sotelo alude a la falta de antigüedad para ocupar cargos partidarios y electivos, un tema central porque incluso viejos militantes del peronismo no figuran en los padrones y no son pocos los que quieren volver, más allá de que algunos generen reparos.

Seguramente, en los próximos días la Intervención, antes de avanzar a tientas en un terreno que desconoce, buscará las coordenadas para ordenar un proceso electoral que, más allá de cualquier voluntarismo, llevará tiempo material su ordenamiento. 

El tiempo, el bien más escaso

En Corrientes, se votará en junio para elecciones legislativas; en setiembre, la primera vuelta para Gobernador, y en la primera semana de octubre, una eventual segunda vuelta. 

Entre las legislativas y las de Gobernador estarán las Primarias de agosto. Luego de la eventual segunda vuelta, las generales del último domingo de octubre. Un calendario rico en compromisos que obligan a concentrar esfuerzos para no quedar en off side frente a una alianza gobernante que en más de una oportunidad sorprendió con el plus valor que tiene el manejar con discrecionalidad las fechas, con la excepción de las de Gobernador, que deben darse entre el 10 de agosto y el 10 de octubre, que además impiden unificarlos con las nacionales, propósito alentado por el poder central en las últimas semanas.

Iniciativa que se originó en la incomodidad de votar en una provincia cuarenta días antes de las generales, pero como la mayoría de las iniciativas que surge de la Capital, ignora las reglas de juego y las realidades locales.