La jueza Sandra Arroyo Salgado abrió un nuevo frente de tormenta en la interna de Juntos por el Cambio. Denunció públicamente que el macrismo estuvo detrás de su apartamiento en una causa por narcotráfico que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas.

El principal dirigente que por segunda vez en menos de una semana quedó en el ojo de la tormenta fue el diputado y aspirante a gobernador bonaerense Cristian Ritondo, acusado hace días por Elisa Carrió como uno de los dirigentes que está fuera de las “conductas éticas” que ella reclama para la coalición opositora.

La denuncia pública que la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman hizo ayer en el canal LN+ salpicó directamente al jefe del bloque de diputados del PRO, pero apuntó a su gestión como ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.

"Dos letrados con aceitados contactos políticos” 

“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, narró la jueza.

Quienes pidieron su apartamiento, detalló, “fueron dos letrados con aceitados contactos políticos” que defendían a varios policías acusados. “Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, dijo en alusión a Marcelo D’Angelo, ex asesor de Ritondo cuando este fue ministro de Seguridad, entre 2015 y 2019.

“La Justicia está muy politizada”, denunció Arroyo Salgado y como ejemplo relató brevemente lo que ocurrió con ella cuando el año pasado fue apartada como jueza de instrucción en una causa por narcotráfico.

La causa 

El principal imputado en esa causa fue el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado como jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.

Las acusaciones fueron por armado de causas entre 2013 y 2015 cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín, disuelta finalmente en 2016. Entre otras imputaciones se les endilgó pedidos de coimas a narcos y quedarse con droga de algunos operativos.

D’Angelo, el que recusó a la jueza, era abogado de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de Arroyo Salgado por considerar que incurrió en "la pérdida de imparcialidad".

Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.

Ritondo, el apuntado por Arroyo Salgado

La Cámara de San Martín mantuvo a Arroyo Salgado en la Causa pero los abogados “con aceitados contactos políticos” elevaron su pedido a Casación, donde el único camarista Mariano Borinski, “con un pronunciamiento inédito, declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”, cuestionó la magistrada.

“Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un loby de la política, del massismo, de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta”, aclaró la jueza.

“Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación”, sentenció y comentó brevemente (porque el conductor que la entrevistaba dijo que debía terminar el programa) otra causa en la que también fue cuestionada por un asesor de Ritondo.

“A los seis meses (de haber sido desplazada de esa causa), fui apartada de otra en la que estuve a cargo por tres años (…) también por parte de otro asesor de Cristian Ritondo, Marcelo Rocchetti me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol”.

Rochetti fue jefe de Gabinete de Ritondo en su paso por la cartera de Seguridad bonaerense. También fue abogado de policías y lo fue del barrabrava de Boca Rafael Di Zeo, en una causa por homicidio cuando el presidente de ese club era Daniel Angelici.

Marcelo Hugo Rochetti y Marcelo D’Angelo, los dos abogados que la apartaron, fueron defensores de policías en causas penales; uno de ellos el cabo primero Francisco Javier Pinto, uno de los Albatros acusados por el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi.