La semana pasada, Luis Mancini, funcionario designado por el gobernador para coordinar gestiones y tratativas en esa región, denunció amenazas de muerte y aprietes, que vinculó a una complicidad entre dirigentes aborígenes, figuras políticas de la zona y empresarios forestales, todos detrás de la extracción ilegal de madera.

“Ahí hay un recrudecimiento por parte de los criollos sobre la explotación del monte, que ellos consideran perjudicial y fuera de un convenio que se había hecho en su momento, que establecía que la tala de bosques no afectaría los campos de las familias criollas que deben ser relocalizadas. Se sucedieron una serie de problemas y amenazas”, contó.

El ministro dijo que las intimidaciones están vinculadas con “con gente que no es del lugar. Hay algunos empresarios que empezaron a operar en la zona, que no son del lugar, y que en vez de llevar armonía, lamentablemente se convierten en parte del problema”.

No obstante, dijo que personal del Instituto de Colonización trabaja en la zona “y en los próximos días podríamos estar dando los primeros títulos a las familias relocalizadas”.