Tanto desde el Ministerio de Hacienda como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se buscará que la administración de Donald Trump no suspenda (o elimine) el acuerdo entre el organismo de recaudación local y el Internal Revenue Service (IRS) por el cual los dos países podrán intercambiar información de sus contribuyentes.

Para el Gobierno argentino se trata de un acuerdo clave, en especial en la etapa actual del blanqueo impositivo, que incluye el sinceramiento de bienes de personas y empresas locales en el exterior. Este llamado, que vence el 31 de marzo, tiene en la plaza norteamericana un actor principal ya que es en ese país donde más respuestas se buscan de argentinos con bienes inmuebles y financieros no declarados por años en el país y que ahora tienen la oportunidad de sincerarlos.

Para esto, afirman en el organismo que maneja Alberto Abad, la amenaza cierta que desde abril se podrá acceder a los datos tributarios de los argentinos en los Estados Unidos resulta fundamental. De hecho, hasta diciembre, la mayor cantidad de bienes locales blanqueados viene de inmuebles y cuentas en ese país. 

Luego del baldazo de agua fría recibido ayer por la noticia de suspender el ingreso de limones, ahora el país teme que la próxima víctima sea este acuerdo de intercambio financiero firmado el 23 de diciembre pasado y que necesita que sea autorizado, reglamentado y puesto en práctica desde ambos países. El pacto de "Intercambio Tributario" entre los estados fue firmado ese día en Buenos Aires entre el entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y el exembajador de Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet. Ambos habían acordado en noviembre, con la victoria de Trump ya irreversible, acelerar el acuerdo para que tenga validez legal antes que Barack Obama abandonase la Casa Blanca.

Se descartaba que una vez cerrado, el pacto no podría ser demolido por la nueva gestión. Prat Gay había avanzado con las negociaciones el 26 de septiembre pasado, durante la visita del entonces secretario del Tesoro norteamericano, Jack Lew, al Palacio de Hacienda luego de un compromiso que había asumido el propio Obama con Mauricio Macri, cuando el norteamericano visitó la Argentina. El acuerdo firmado con Mamet imponía un cronograma que obligaba a los dos países a enviar los procedimientos legales internos para que pueda entrar en vigencia luego de los primeros 30 días de firmado el tratado. El plazo se cumple hoy, 24 de enero, y desde Buenos Aires se asegura que se llegará en tiempo y forma con la promesa. Luego se dependerá del IRS. En teoría comenzaría después un proceso de implementación binacional, para que antes que termine el año el acuerdo tenga vigencia. 

El temor desde Buenos Aires es doble. Por un lado se especula con que la propia IRS comience a demorar la instrumentación reglamentaria en los Estados Unidos, a la espera de algún signo político desde la administración Trump para este tipo de acuerdo. El segundo temor es que el tratado termine siendo derivado al Poder Legislativo norteamericano, un peligro que en su momento pudo sortear la Argentina reclamándole a Lew que se aceleren las negociaciones y que se reglamente el intercambio de información bajo el paraguas de "reglamentación administrativa" en lugar de acuerdo binacional.