Se trata del primer coletazo político tras la muerte del chofer de colectivo Leandro Alcazar, ocurrida a mediados de abril en La Matanza, que desató un cruce de acusaciones entre Magario y Vidal. Pero también del reciente intento de toma de la comisaría de San Justo y las protestas vecinales por los dos asesinatos ocurridos en Tres de Febrero, donde gobierna el macrista Diego Valenzuela.

Esa seguidilla de hechos volvió a poner en alerta a los intendentes, que denuncian que no tienen herramientas para actuar sobre la inseguridad, pero que cargan con el costo -humano y político- de cada tragedia ante sus vecinos.

Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, resumió así el planteo: "Que la provincia transfiera las fuerzas locales y sus recursos, o que asuma la responsabilidad por la inseguridad".

Insaurralde y Magario se presentaron en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerenses, en La Plata, rodeados por otros 15 intendentes del PJ, por los diputados nacionales Fernando Espinoza y Wado de Pedro, y los legisladores provinciales del bloque PJ Unidad y Renovación.

Fue, si se quiere, una suerte de debut de Magario e Insaurralde como precandidatos a gobernador del peronismo. Se espera que ambos, por separado, multipliquen sus apariciones públicas y sus recorridos para ganar rodaje de cara a la campaña de 2019.

"No se pueden trasladar los problemas sin los recursos para resolverlos. Los intendentes queremos debatir la responsabilidad de los municipios en la seguridad de nuestros vecinos", sostuvo Insaurralde.

Magario denunció el crecimiento "feroz" de los delitos y exigió "un abordaje real e integrado" entre la provincia y los municipios. "Existe una Policía Local de la que pagamos los edificios, los uniformes y los equipamientos, lo único que no pagamos son los sueldos. Pero tampoco tenemos la autoridad ni la competencia para dirigirlos. Por eso pedimos que nos transfieran esa policía con sus recursos", resaltó.

Es el reclamo planteado por el proyecto de ley de Insaurralde de 2016, para que los intendentes reciban de la provincia tanto el mando operacional como los recursos de la Policía Local creada por Daniel Scioli.

Scioli creó por decreto la Policía Local para evitar que el massismo se llevara el rédito político en 2014, cuando proponía lo que ahora pide Insaurralde. Pese a su nombre, ese cuerpo de agentes -los "pitufos", como se les dice en el conurbano, por su uniforme celeste- nunca dejó de ser parte de la policía bonaerense. De hecho, los intendentes tuvieron y tienen más o menos injerencia en la Policía Local según su relación con el poder provincial de turno.

A poco de asumir, ante el reclamo de peronistas y massistas, Vidal y Ritondo prometieron hacer pruebas piloto en algunos municipios con policías comandadas por los jefes comunales. Pero eso nunca sucedió. Vidal siempre criticó el bajísimo nivel de preparación que tenían estos agentes y el uso poco transparente que algunos intendentes hicieron de las policías municipales.

A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad negó ayer que haya disminuido el número de efectivos de la Policía Local. Sostuvo que entre 2015 y 2017 se nombraron 24.043 efectivos, de los cuales 20.000 están en funciones, y que 81 de los 135 municipios alcanzaron el cupo pactado con la provincia.

Además afirmaron que en 32 municipios se pactó el traspaso de la Policía Local a la Policía Comunal. La aclaración se presta a confusión, ya que la Policía Comunal es otro cuerpo -creada en 2004 por León Arslanián- que actúa en los distritos con menos de 70.000 habitantes y que, también, depende operativamente de la provincia.

Lo que los intendentes sí controlan hoy son los cuerpos de Policía Municipal, que tienen amplio despliegue en algunos distritos -Tigre, Ezeiza o San Isidro, por citar ejemplos de tres partidos políticos distintos-, pero que apenas tienen efectivos, equipamiento y móviles en los municipios "pobres" del conurbano y el interior.

Conflicto con los hospitales

El paro de 24 horas que cumplieron ayer los médicos bonaerenses agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) registró un acatamiento del 80%, según el gremio, mientras que desde el gobierno provincial aseguraron que hubo un "bajo nivel de adhesión". El conflicto es por la suba salarial.