“La falta de previsibilidad afectará gravemente la llegada de inversiones para el sector, factor fundamental para el desarrollo tanto de áreas convencionales, como no convencionales, y más grave aún, esos capitales buscarán como destino otros países, y recuperar esa confianza nuevamente demandará muchos años”, señalaron en un documento emitido anoche luego de sostener una reunión en el salón de la cooperativa Cotecal de Catriel.

Es que en diciembre de 2014 la Legislatura de Río Negro aprobó la renovación de los contratos por explotación de hidrocarburos con la empresa estatal YPF y las privadas Petrobras, Entre Lomas y Tecpetrol, con diez años de prórroga para las actuales concesiones y planes de inversión por más de 2.900 millones de dólares.

“El decreto de Macri es inequitativo y perjudicial a las provincias y a todos los municipios productores de hidrocarburos, no solo por el impacto en la baja de regalías, sino por el fuerte impacto negativo que ocasiona a las economías regionales”, indicaron.

En el encuentro estuvieron presentes el intendente local Carlos Johnston, la de Allen, Sabina Costa junto a la Intendenta electa Liliana Martin, el Intendente en licencia de Cinco Saltos Germán Epul, el titular del Concejo a cargo de intendencia de Cinco Saltos, Néstor Capua; el Intendente de Contralmirante Cordero, Gustavo Pita, el electo Fabián Gale; el Intendente de Campo Grande, Pedro Dantas y la Intendente de Cervantes, Claudia Montanaro.

Entre otras cosas sostienen que la medida del gobierno nacional “ocasionará disminución en la producción de petróleo y gas, desincentivará la producción, se disminuirá la inversión pues la medida provoca un freno en el desarrollo de nuevas áreas, la caída en los ingresos alargará los plazos de repago de los pozos y volverá menos competitivos los proyectos”.

Además se convocó a los restantes intendentes de la Provincia, a realizar nuevas mesas de trabajo en procura de la defensa de los intereses municipales.

“Este DNU afecta directamente al sistema federal y a cada vecino, a los municipios y al gobierno provincial, por los recursos que se pierden ya que se avasalla las autonomías municipales y provinciales, y por su imprevisibilidad a futuro carece de certeza; es una medida inconsulta e infundada”, remarcaron.

Asimismo, sostienen que “una vez más el Gobierno Nacional desconoce situaciones de cada municipio, y de cada provincia, decidiendo sin conocimiento la ubicación y desarrollo de las mismas”.