Necesitada de votos para aprobar el presupuesto 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal debió hacer varias concesiones a los intendentes bonaerenses: les asignó mayores fondos para obras -y obras sin fondos-, les devolvió la facultad para cobrar el impuesto a las embarcaciones y les permitió retener una porción mayor de la patente de los vehículos y del impuesto a los ingresos brutos.

Pero no se detuvo allí: como sucedía también durante la gestión de Daniel Scioli, los intendentes consiguieron que el presupuesto incluya una serie de artículos para eximir a los municipios y a sí mismos de las sanciones y multas que el Tribunal de Cuentas provincial fija cuando se generan excesos presupuestarios o déficit, o cuando se desvían fondos destinados específicamente a un fin.

El "fenómeno" se repite cada año: si uno observa los proyectos de presupuesto que presenta la Gobernación encuentra que el capítulo municipal del presupuesto está conformado por uno o dos artículos, generalmente destinados a la creación de algún fondo específico. Pero cuando la ley se aprueba, el capítulo municipal aparece repleto de licencias y permisos para los intendentes.

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El presupuesto 2017 no fue la excepción. Se agregó un artículo, el 49, para que el Tribunal de Cuentas no sancione a los municipios que presenten excesos presupuestarios en 2016 y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación. Exige, eso sí, que los concejales aprueben el "exceso".

El artículo 50, por su parte, permite a los municipios cancelar hasta en tres años el déficit de 2016. En este caso, con autorización de Economía provincial.

El artículo 51 libera aún más la muñeca de los intendentes. Autoriza al Tribunal de Cuentas "a eximir de las sanciones a aquellos funcionarios que hubieran autorizado recursos afectados para un destino distinto al asignado". Es lo que sucede cada año, por ejemplo, con el Fondo Educativo, que algunos intendentes usan para sueldos o, incluso, recitales.

Los últimos artículos agregados, el 52 y 53, habilitan a los municipios a condonar deudas que se encuentren prescriptas al cierre de 2016, y exime de sanciones a los funcionarios "que no hayan tomado las medidas necesarias" para evitar esa prescripción. Siempre que no haya dolo, aclara.

Ante la consulta de LA NACION, desde La Plata resaltaron que esos artículos se agregan todos los años y que la voluntad de Vidal es modificar esa práctica. Pero explicaron que las "condiciones" volvieron a impedirlo este año.

Se referían a las condiciones políticas: Cambiemos está en minoría en la Legislatura y necesita que los intendentes empujen a los legisladores para aprobar el presupuesto. También a los intendentes propios, porque todos los partidos pidieron renovar las exenciones en el presupuesto.

Los artículos agregados, en ese sentido, desnudan el doble discurso de muchos jefes comunales: protestaron contra el endeudamiento pedido por Vidal pero reclamaron el "libre deuda" para sus municipios.

La lista de Navidad

Sin mencionar esta "letra chica" del presupuesto, los intendentes celebraron en público otros beneficios conseguidos: los $ 8500 millones para obras municipales y los casi $ 70.000 millones que recibirán por coparticipación.

También festejaron la mayor cuota que recibirán de algunos impuestos provinciales. Los que tengan bingos se quedarán con el 50% de la entrada de $ 20 que comenzará a cobrarse en enero. Los que tengan clubes náuticos percibirán el 50% del impuesto a las embarcaciones deportivas.

El premio mayor vino con patentes e ingresos brutos: la provincia cedió a los municipios el cobro de patentes de los autos anteriores a 2010 (este año fue hasta 2006) y el cobro de ingresos brutos a contribuyentes con una facturación anual menor a $ 900.000 (antes, fue hasta $ 450.000).

La anécdota final se la lleva la planilla anexa N° 35 del presupuesto: allí se detallan 108 obras para 21 municipios, que fueron agregadas minutos antes de que se cerrara la negociación. Con un detalle: ninguna tiene recursos asignados y, por ende, difícilmente se ejecuten en 2017. Eso no quita que el intendente o legislador que las haya logrado colar en el presupuesto, pueda alardear de la obra en el año electoral.