Por César Pucheta.

El Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires empieza a marcar orgánicamente sus diferencias con el gobierno nacional de Javier Milei y puso el ojo en uno de los problemas que ya se derivan de la desregulación total que propone el libertario.

En un comunicado en el que se advierte sobre “el enorme deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de las familias”, el bloque de jefes comunales que preside el intendente de Rauch, Maximiliano Suescún, manifiesta su “profunda preocupación” en torno a la suba en los precios de los medicamentos cuyo aumento se desbocó desde la finalización de los acuerdos que regulaban su valor hasta el diciembre de 2023.

“Esta situación se plantea además en un contexto absolutamente crítico respecto al financiamiento del sistema de salud en general y del funcionamiento de las obras sociales en particular”, señala el documento que busca poner un límite al mentado apoyo desde algunos sectores de Juntos por el Cambio, principalmente el PRO y sus satélites más cercanos, que orbitan a tono con el proyecto liberal libertario.

En el radicalismo bonaerense a cargo de los municipios no vislumbran la manera en que “las medidas dispuestas en el DNU recientemente dictado por el Ejecutivo Nacional en relación al funcionamiento de las obras sociales y a la comercialización de medicamentos puedan dar respuestas a la situación planteada o contribuir a resolver la imposibilidad de muchas familias de adquirir un bien esencialísimo como lo son los medicamentos; al menos en la coyuntura acuciante que se presenta en el corto plazo”. 

Por esa razón sientan posición en medio del debate político y advierten sobre los efectos que las decisiones del gobierno de Milei ya generan en el devenir cotidiano de los vecinos y vecinas de cada una de las localidades que comandan.

Sucede que el DNU, más allá de los aspectos específicos que han encontrado un freno en la Justicia, entró en vigencia sobre finales del mes de diciembre. La desregulación de los precios es el aspecto central de ese decretazo y en buena medida la marca registrada de la primera etapa de la administración Milei, que se encamina a cerrar su primer mes en la Rosada con una inflación que puede superar el 30 por ciento. Esa realidad fue anticipada por el propio Presidente que aseguró que, de confirmarse ese número, al ministro de Economía, Luis Caputo, “hay que llevarlo en andas”.

Con esos números estimados, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) calculó que los precios de los medicamentos más requeridos en el país subieron un 319 por ciento entre enero y diciembre de 2023, hasta ubicarse casi 100 puntos por encima de la inflación general. 

En todo ese contexto, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires entiende que “es de suma urgencia que el Gobierno nacional promueva medidas tendientes a lograr regular el precio de un bien que resulta de carácter imprescindible para todos los argentinos, y que entendemos debería declarase como bien esencial; a partir de lo cual, deberían darse medidas tendientes a asegurar que los mismo puedan ser accesibles para las personas, a la vez que permitan garantizar el funcionamiento también del sistema público de salud”.

Vale recordar que el DNU con el que La Libertad Avanza debutó en la Presidencia de la Nación cambia fuertemente las reglas del juego en materia de salud. Y no sólo desde la liberación de precios:  favorece en primera instancia a las grandes cadenas de farmacias, entre las que se destaca el Farmacity del ex secretario de Coordinación Interministerial del gobierno de Mauricio Macri, Mario Quintana. 

También elimina la exigencia para que los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades sean comercializados en “farmacias habilitadas", que de paso podrán funcionar sin farmacéuticos profesionales en el turno.

Entre otros aspectos, además de liberar el precio de los servicios de las empresas prepagas, lo que parece el punto nodal en la discusión que moviliza a los intendentes radicales, el DNU elimina el Programa de Producción Pública de Medicamentos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que básicamente eran el instrumento para poder incidir en el mercado tanto desde la producción como desde la comercialización. 

Los hospitales y el laboratorio provincial

La semana pasada, mientras se discutían las leyes económicas para el ejercicio 2024, la Legislatura boanerense intentó avanzar sobre la creación del Centro de la Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. La oposición, con algunos sectores del radicalismo incluído, trabó esa posibilidad. 

Incluso el presidente del Comité bonaerense, el senador Maximiliano Abad, defendió esa postura al justificar el apoyo de sus correligionarios a las normativas económicas. “Se logró que no se genere más burocracia en la Provincia de Buenos Aires", dijo al advertir que Kicillof "pretendía crear dos empresas, siendo una de ellas un laboratorio del Estado para fabricar medicamentos". 

Sin embargo, entre los intendentes radicales ya hay sectores que no ven con malos ojos esa propuesta que aparecería como una alternativa ante el desbarajuste general generado por la desregulación en medicamentos y prepagas.

La razón para esa diferencia en las miradas dentro del propio seno de la UCR tiene que ver con la realidad territorial. “Nuestros municipios en muchos casos con hospitales que son los únicos efectores de salud de nuestros distritos, se enfrentan también a incrementos desproporcionados en los precios de los insumos necesarios para funcionar, que por otra parte no se condicen con el valor de las prestaciones que reciben de las obras sociales a través de la que atienden a los vecinos, entre las que surgen como principales PAMI y IOMA”, advierten en el documento. También dan cuenta de un pedido reiterado entre sus reclamos a la provincia y reiteran su “profunda preocupación” por el funcionamiento de la obra social bonaerense.

“Es imperioso lograr una actualización significativa en el valor de las prestaciones abonadas a nuestros efectores y por el otro un acortamiento en los plazos y continuidad en los desembolsos en lo que se refriere a la operatoria de pagos”, aseguran.

Como ya describió Buenos Aires/12, en la actualidad existen en Argentina 36 laboratorios de gestión pública, de los cuáles 10 cuentan con certificación nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su producción. El resto es para distribución y consumo local o provincial, ya que ésa es una de las competencias que las provincias no delegaron en la Nación.

En la actualidad, el gasto en medicamentos, especialmente los denominados de baja incidencia o baja prevalencia pero alto costo, supera el 40 por ciento de la estructura de costos de cualquier sistema de salud.

Históricamente rondaba los 16 o 18 puntos, empezó a subir hace unos años y se disparó tras la pandemia. Así dice el diagnóstico compartido por empresarios y sindicalistas. Los laboratorios presentan sus listas de precios, pero nunca sus estructuras de costos. Los precios de una misma droga, entre un país y otro, tienen variaciones de más del 200 por ciento.

“Lejos de agotar nuestro accionar en sendos pedidos a las administraciones Nacional y Provincial, nos disponemos a analizar y promover acciones colectivas y diseñar herramientas que nos permitan mejorar nuestra gestión en la adquisición de insumos médicos, pero entendemos que con eso sólo no podemos dar respuesta a un problema de la magnitud del que se plantea en la actualidad”, cierra el documento que abre un poco más la puerta a un debate en el que el gobierno provincial ya lanzó una propuesta que, sólo por ahora, espera en la Legislatura.