El intendente de la capital, Germán Alfaro (Acuerdo para el Bicentenario, aliado de Cambiemos) puso en la mesa de discusión la necesidad de que se reforme la ley de Coparticipación provincial.

La norma que dispone cómo se distribuye la recaudación de determinados impuestos entre las ciudades y la Provincia lleva el número 6.316 y, aunque fue remendada en algunas ocasiones, el grueso del texto data de 1991. Durante 13 años -2002 a 2015- gran parte de los municipios cedían lo que les correspondía de ese dinero-y del de la coparticipación federal- al Gobierno provincial a cambio de que ésta le garantizara salarios, servicios y algunas obras. Ese era el llamado Pacto Social. El Gobierno de Juan Manzur reeditó esa herramienta, aunque la bautizó “Convenio consensuado de fondos unificados” (ya lo firmaron una docena de municipios). La mayoría de los jefes municipales, sin distinción política, reconoció la importancia de comenzar a dialogar sobre el asunto, para actualizar y equilibrar los porcentuales. Algunos, en cambio, consignaron que el convenio firmado que reemplazó al Pacto les resulta más conveniente.

Entre la ley y el pacto

“Estamos en una etapa política para discutir todo lo que sea en beneficio de la gente, es necesario tener a la coparticipación provincial en la mesa de discusión”, consideró el oficialista Darío Monteros (Banda del Río Salí). Aseguró que está conforme con el convenio con la Provincia.

Roberto Moreno (Trancas), también afín al Gobierno, no suscribió el acuerdo porque cree en la “libertad de administrar sus recursos”. Aseguró, en relación a la cuestión planteada por Alfaro, que emprenderá todo diálogo que pueda derivar en mejoras para su pueblo.

El opositor Roberto Sánchez (Concepción) fue tajante al afirmar que la ley debe ser actualizada. “No se coparticipa todo lo que se debería. Sí están el impuesto inmobiliario en un pequeño porcentaje y el de rodados, pero no el que implica mayores ganancias, que es ingresos brutos”, explicó.

Carlos Najar (Las Talitas) también es oficialista, pero no firmó el nuevo pacto. Coincidió con Sánchez en que hay gravámenes que deberían ser coparticipados, como el de patentes. “Nuestros vecinos lo pagan, usan las calles y eso no tiene un retorno a la Municipalidad. Es fundamental rediscutir esto, aprovechando el diálogo y el intercambio actual”, consignó.

El manzurista Sergio Venegas (Alderetes) remarcó que el convenio con la Provincia es una herramienta importante, hasta tanto se pueda debatir “seriamente” una nueva ley. “El sistema debe ser revisado. Alderetes, con casi 70.000 habitantes, tiene asignados por la norma recursos similares de municipios de 10.000 habitantes. En 20 años sextuplicamos la población y eso no fue acompañado por la evolución de recursos”, subrayó.

“Ya hice los cálculos comparativos entre lo que recibiríamos por coparticipación y por este pacto. Nos conviene este último. Como está el país, la coparticipación viene baja. Los cálculos ahora no me dan. Pero cuando el país esté andando, hay que charlarla”, enfatizó el oficialista Carlos Gallia (Lules).

El radical Mariano Campero (Yerba Buena) suscribió el convenio. Afirmó que, si bien los cambios son necesarios en el régimen, no es sencillo hacerlos. “Debe haber una reforma. Recibimos menos que Simoca, porque cuando se hizo la ley no había ni 30.000 habitantes. Pero exigir que se nos suba porcentaje, significa que otros municipios deben ceder. Hay que alcanzar un equilibrio”, advirtió.

El ministro del Interior provincial, Miguel Acevedo, consideró que no es momento de dar este debate. Aseguró que eso debe ser discutido en la Cámara y remarcó los beneficios del sistema vigente de convenios individuales. Explicó que las ciudades que no firmaron el acuerdo, de todas maneras recibirán ayuda para pagar los sueldos. Y que los que si lo hicieron tienen garantizados, además, los servicios y obras.