Luego de que el Gobierno provincial adhiriera al DNU de Nación que prohíbe las fiestas y los boliches hasta el próximo 31 de enero, intendentes cordobeses mostraron su enojo por la medida: "Los intendentes tenemos que pagar el pato de la boda".

Así se expresó Carlos Briner, jefe comunal de Bell Ville. El dirigente radical sostuvo que es "una falta de respeto" la "obediencia debida de Provincia a Nación, por plata o lo que sea".

"Acompañamos lo que se podía acompañar. Veo una beligerancia de Hacemos por Córdoba para con el Foro de Intendentes Radicales notoria, que si hoy hubiera estado vivo De la Sota eso no ocurriría. Hay un avance progresivo sobre quienes conservamos una cuota de poder ganado legítimamente", agregó a El Doce.

"En Río Cuarto por las elecciones abrieron. Es una vergüenza, una aberración. A las cosas hay que decirlas, esto no es para tibios", remarcó.

Por su parte, Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, afirmó: "Estoy sorprendido y molesto por el fundamento para mantener esta posición, que es el peligro de contagio. Todos sabemos que se realizan eventos clandestinos que convocan a muchísima gente".

Esa ciudad era una de las que habilitó las fiestas con el objetivo de minimizar los encuentros clandestinos. Lo mismo habían dispuesto San Francisco y Río Cuarto, con similares protocolos.