La interpelación a los intendentes está prevista en el artículo 108, inciso 7, de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), que plantea que en caso de que existieran dudas con respecto a la administración o utilización de los recursos y fondos públicos, o incluso vacilaciones referentes a un hecho de la administración pública que a veces está ordenado de una forma y se realiza de otra, se puede llamar al jefe comunal a que brinde explicaciones al HCD. Algunos ediles que solicitan la interpelación señalan que esta instancia no tiene ninguna gravedad, porque en la administración pública muchas veces la saturación de expedientes y cuestiones lleva a que las gestiones municipales cometan errores. Un pedido de interpelación no sólo tiene como objetivo dilucidar lo investigado, sino que también, y aunque no se diga abiertamente, tiene como búsqueda romper, fragmentar o debilitar al intendente de turno, y el premio mayor es la destitución del mismo.

“Nosotros tenemos que atenernos a lo que establece la LOM, que en uno de sus artículos dice que dentro de las facultades del concejo está la citación del intendente, que puede venir con sus funcionarios para que contesten”, exponen como “excusa” algunos ediles opositores.

Otro tema importante es saber con qué HCD cuenta cada mandatario. Se sabe que si el alcalde no posee el número como para sortear un escollo, inevitablemente, cae en el juego de la oposición.

En la provincia de Buenos Aires hubo innumerables casos de interpelación; algunos de ellos terminaron con la destitución del intendente, y en otras oportunidades el jefe municipal zafó de dejar el sillón. Tener mayoría en el recinto es fundamental, o por lo menos contar con aliados para recurrir en casos extremos, como lo es una interpelación.

Estas movidas, las de pedidos de informes o sacar a la luz presuntas irregularidades, surgen a menudo en vísperas de un acto eleccionario, por eso el alcalde debe tener el HCD a su favor, para sortear algún imprevisto. Los casos más emblemáticos de los últimos tiempos fueron los de Pinamar y Necochea. La historia reciente del primer distrito es bastante compleja. En los últimos cinco años, dos alcaldes no terminaron su mandato. Roberto Porretti fue apartado de su cargo por ser responsable de diez transgresiones “graves o muy graves”. Y Blas Altieri fue destituido el año pasado, tras comprobarse 31 de las 33 denuncias que tenía en su contra. Tam-bién el interino Hernán Muriale fue interpelado por el HCD.

En Necochea, en tanto, Horacio Tellechea fue destituido por irregularidades por unos dos millones de pe-sos en la compra de equipamiento médico para el hospital local.

En la actualidad hay varios intendentes que están en la cuerda floja. El mandatario de Villa Gesell está sospechado por el uso de dinero y el pago a prestatarias de servicios públicos donde participarían personas cercanas a él. A esto hay que sumarle la caída de dos refugios de colectivos -de cemento-, uno de los cuales lo hizo sobre un adolescente, ocasionándole graves lesiones.

Otro caso que aún no se resolvió en plenitud ocurrió en Carlos Tejedor. La alcaldesa, María Celia Gianini, casi perdió su cargo por una interna policial. Las denuncias entre efectivos estuvo al filo de poner en jaque la gestión de la intendenta, ya que en ese distrito la Policía es comunal, y la oposición le pidió explicaciones, que nunca llegaron.

En Carlos Casares, los concejales de la oposición denunciaron penalmente al in-tendente, Walter Torchio, y al jefe de Ins-pección, Edgardo Vivono, por incompatibilidad en sus funciones públicas. Dicen que este último tiene una remisería que vende sus servicios al Municipio y facturaría a nombre de su mujer. No obstante, la causa no está cerrada.

Lobería, distrito gobernado por Hugo Rodríguez, también está en problemas. La UCR desaprobó las cuentas correspondientes al período 2012, y puso de relieve una serie de irregularidades ocurridas con el programa Mejor Vivir, que se realiza con fondos de la Nación.

Pablo Guacone es otro alcalde que está en la mira. Lo acusan de utilizar el dinero proveniente del Fondo Educativo para fines personales, y de financiar su campaña de 2011 con dinero público. No obstante, el mandatario sampedrino tomó un poco de aire al saber que la jueza de San Nicolás, María Fulghieri, ordenó frenar el avance de la comisión investigadora.

Por último, el jefe comunal de Azul fue uno de los pocos que pudieron salir airosos. José Inza fue interpelado tras habérsele solicitado explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la licitación para la tercerización del cobro de deudas de tasas. Los alcaldes están en la mira, y la oposición espera, agazapada, para dar el golpe.