Luego de intensas negociaciones, finalmente los intendentes del grupo Esmeralda lograron imponer el nombre de Guido Lorenzino como el nuevo Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo del radical Marcelo Honores.

Los legisladores modificaron la composición del organismo, por lo que el nuevo esquema contempla los cargos de dos adjuntos generales, que serán para el massista Walter Martello uno y otro que quedará vacante hasta que el kirchnerismo defina quién lo ocupa; de derechos sociales, donde se designó a Jorge Eduardo "Cholo" Ancona, del Movimiento Evita; adjunto de derechos humanos y consumidores, del que se hará cargo el saliente Honores.

Si bien hasta minutos antes de la votación se especuló con que uno de los adjuntos generales sea para La Cámpora, lo cierto es que el kirchnerismo duro en el Senado no participó del tratamiento de ese proyecto. Durante varios días sonó el nombre de la diputada nacional Fernanda Raverta para ocupar un lugar en el poderoso organismo.

La norma incluyó también una disposición transitoria que exceptuó por única vez el procedimiento previsto para la elección del Defensor del Pueblo, debido a que su titularidad está vacante desde hace casi dos años, cuando se le venció el mandato a Carlos Bonicatto.

En ese entonces, asumió Honores interinamente por ser el secretario general del organismo. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia lo desconoció como autoridad competente en el marco de la disputa judicial por el aumento de las tarifas a principio de año.

La Defensoría del Pueblo es un cargo que fue creado en la reforma constitucional de 1994, pero que recién comenzó a funcionar en el año 2009.

El Defensor del Pueblo es un órgano de garantía, unipersonal, autónomo e independiente, que promueve los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y quienes se encuentren en tránsito por ella.

Asimismo, debe controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno para el cumplimiento de sus deberes y el respeto de la Constitución y las leyes, ejerciendo la magistratura de opinión y persuasión no a través de la confrontación sino de la colaboración crítica.

La elección del Defensor del Pueblo y de los adjuntos corresponde al Poder Legislativo, es decir, son nombrados por los miembros de ambas Cámaras y permanecen en el cargo por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos para un segundo mandato.

La remuneración del Defensor es la misma que la de un senador provincial y la de sus adjuntos será equivalente al 80% de la misma.

El Defensor del Pueblo es un organismo de derechos humanos, en tanto, protege, garantiza y promociona los derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial, independientemente de las diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas.

Es por esto, que sus criterios fundamentales de acción se basan en la no neutralidad, trabajando para el fortalecimiento de la democracia en sentido amplio, garantizando el acceso a derechos y actuando en favor de los sectores vulnerables; y en la no judicialización, buscando alternativas que permitan resolver los conflictos de forma menos costosa y más efectiva, como la mediación y el diálogo.