La Federación Argentina de Municipios (FAM) emitió un durísimo comunicado en el que advierte al gobierno nacional por la gravedad de la situación generada y le reclama una reunión urgente.

El hecho se produce poco después de las medidas del presidente Javier Milei, de eliminar tanto los subsidios al transporte de pasajeros fuera del área metropolitana, como el Fondo de Incentivo Docente (FONID), mediante el cual el estado nacional complementa los ingresos de los trabajadores de la educación de las provincias.

Ambas decisiones fueron anunciadas como “vendetta” contra “la casta”, que según Milei componen los gobernadores y los diputados nacionales que les responden, por no votar la ansiada ley ómnibus, a los que acusó de “corruptos” y tener “los dedos manchados”, entre otras cosas. 

Por esta razón, y desde hace varios días, los gobernadores se encuentran en un estado de deliberación permanente, que trasciende las habituales barreras de la procedencia política.

La rápida reacción de los intendentes busca señalarle al Presidente que sus recortes no castigan a los gobernadores ni a los jefes comunales, sino a los argentinos que viven allí. 

Una alta fuente de la FAM sostuvo ante Buenos Aires/12 que “son nuevos, no tienen un gobernador ni un intendente propio, entonces no hay forma de que entiendan la dinámica del territorio, gobiernan un país que desconocen”. 

Otro de los que se sientan a la mesa de los jefes territoriales agrega que “están procurando construir un país para muy pocos y sometiendo a la enorme mayoría a una caída brutal en su nivel de vida, fuere cual fuera". "El problema es que los que más necesitan ya no pueden ajustarse más, la comida es el límite de la dignidad; es estremecedor ver qué poco les importa el sufrimiento del pueblo”, afirma.

La conclusión con la que resumen la situación es lapidaria: “Dicen que quieren castigar a dirigentes, a políticos, y en realidad le están arruinando la vida a la gente. Es una irresponsabilidad total, un abandono de personas por millones. Esperemos que reflexionen y abandonen esta postura insensible”.

La FAM es presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y reúne a 500 municipios de las distintas provincias, gobernados por diferentes fuerzas políticas. Si el Consejo Federal de Inversiones (CFI) es el espacio al que acuden los gobernadores a debatir sus temas comunes, la FAM es su equivalente a nivel de gobiernos locales.

La quita de subsidios al transporte, disparador de la decisión de establecer una posición conjunta, contradice por decreto una ley vigente. De acuerdo al presupuesto 2023, que Milei decidió prorrogar, la partida asciende a 140 mil millones de pesos anuales.

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, uno de los que planea acompañar la estrategia judicial conjunta, explicó la situación de su distrito a Buenos Aires/12: “Nosotros ya lo empezamos a sufrir, porque el Estado nacional no hizo la transferencia el mes pasado. Pasamos de boletos de 300 pesos a boletos de 600, 1500 y 2.700”.

Wischnivetzky sostiene que el impacto sobre el territorio es preocupante. “Hay gente que iba a diario a Mar del Plata a hacer alguna actividad, pero si no le aumentan los ingresos en esa misma proporción, no tiene forma", dice. Y agrega: "Cada vez recibimos más pedidos de ayuda, de todo tipo: alimentos, garrafas". "Por cómo viene la temporada, el invierno va a ser duro”, lamenta.

Entre los intendentes firmantes están los bonaerenses Guillermo Montenegro (General Pueyrredon), Javier Martínez (Pergamino), Pablo Petracca (Junín) y Santiago Passaglia (San Nicolás), todos ellos militantes del PRO, que acompañaron a Milei en la elección de noviembre, con distintos grados de exposición.

Curiosamente, adhieren al reclamo justo cuando el máximo dirigente del partido, Mauricio Macri, analiza los términos de una nueva coalición de gobierno con La Libertad Avanza. La pregunta inevitable es de qué lado quedarán los macristas con responsabilidades de gobierno.

Cinco ejes

El comunicado es el primer paso y el anuncio de una estrategia judicial conjunta, si el gobierno central no modifica el rumbo. El texto plantea cinco ejes de conflicto: alimentos, transporte, salud, educación y obra pública.

En el primero, probablemente el más dramático, sostienen que “el gobierno nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei". "En este período la demanda en comedores y merenderos aumentó en un 30 por ciento, como consecuencia del aumento en el precio de la comida y la caída en los ingresos de la clase media y los sectores populares", destaca y señala que son "los municipios quienes están abasteciendo esta REAL necesidad y urgencia".

En materia de transporte, afirman que la eliminación de las transferencias a las provincias “es contraria a los millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse, destroza el tejido social y productivo del país; además de mutilar los servicios de transporte municipales que desparecerán”.

Los expertos alertan que, cuando una suba de transporte tan fuerte no es acompañada de una mejora en los ingresos, mucha gente de los sectores de menores recursos deja de ir a trabajar para no “cambiar la plata”, lo que termina generando guetos de pobreza. La medida también impactaría en la deserción escolar.

También responsabilizan a la Nación por la parálisis de la obra pública. “A pesar de las promesas oficiales de completar las 2.400 obras en proceso, siguen paradas, lo que ya implicó miles de despidos, y las pequeñas y medianas empresas están quebrando".

Para los alcaldes, la quita de subsidios a la educación “ha tomado a las familias como rehenes, ya que no podrán afrontar los nuevos gastos en la educación privada y tendrán que migrar a la educación pública, donde no existen disponibilidad de vacantes suficientes”.

Y agregan, “alertamos que la educación no debe convertirse en un privilegio y mucho menos en un 'mercado' más del cual sean prisioneros los estudiantes, sus familias, los docentes y el personal educativo". "Las escuelas cumplen una función social esencial y hoy nuestros chicos podrían correr el riesgo de perder el año”, describen.

“Liberar las fuerzas del mercado no es la salida más conveniente para la salud comunitaria de la población”, sostienen en abierta contradicción con los principios del presidente liberal libertario. 

“No están privatizando, más bien están decididos a estatizar los servicios sanitarios, ya que la gente que se 'cae' de las prepagas van directo al sistema de salud pública", aseguran, a la vez que advierten que "en los últimos meses los medicamentos incrementaron su precio en un 140 por ciento, y las prepagas, por su parte, escalaron sus cuotas con subas que llegan hasta el 150 por ciento". 

"¿Cuánto tiempo más esta clase media podrá sostener la medicina privada? Y, ¿cómo haremos para absorber en el sistema público está creciente demanda?”, se preguntan.