Los concejos deliberantes del interior comenzarán una carrera de sesiones para la adhesión al Pacto Social hasta fin de mes. La aprobación de las respectivas ordenanzas es un paso de ineludible cumplimiento previo a que la Provincia pueda desembolsar un solo peso de los fondos comprometidos para el pago de sueldos al personal estatal y la liquidación de las asignaciones familiares.

Así lo confirmó el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado. El monterizo está a cargo del Poder Ejecutivo por las vacaciones del gobernador, José Alperovich, en Punta del Este (Uruguay), desde donde regresará alrededor del 20.

"Los concejos deliberantes no tienen un plazo obligatorio de vencimiento para aprobar las ordenanzas con las adhesiones, pero seguramente lo harán pronto; todos están organizándose para concurrir al recinto en estos días. Deben estar primero adheridos para recién luego comenzar a recibir las partidas de este año", advirtió.

Hasta el momento, sólo los ediles de la capital cumplieron con el requisito legal, al sesionar en forma extraordinaria el último viernes de diciembre, apenas 72 horas después de que Alperovich firmada el Decreto de Necesidad y Urgencia del Pacto Social. Esta norma será tratada por la Legislatura en la sesión del martes.

Una vez sancionada la respectiva ordenanza, cada intendente deberá suscribir el Pacto con la Provincia. En cambio, los comisionados rurales podrán hacerlo en forma directa, ya que carecen de cuerpo legisferante en su administración.

Tranquilidad

Amado destacó la importancia de estos acuerdos: "significan que los municipios que firmen podrán continuar cumpliendo en tiempo y forma con los salarios y aguinaldos a todo el personal estatal de su municipio o comuna, y que se podrán realizar las obras previstas mediante el Fondo Fiduciario, que se sumarán a las que tienen asignadas en programas nacionales o provinciales". "Es una tranquilidad para ellos y varios intendentes así me lo manifestaron", agregó.

Por el Pacto Social, se asignan recursos por más de $ 1.150 millones a cambio de la cesión de la coparticipación nacional de impuestos y de la concentración de la recaudación fiscal local en manos de la Dirección Provincial de Rentas.

La única excepción es el municipio de La Cocha, que no se sumó al acuerdo general ni al Fondo Fiduciario. "El intendente Leopoldo Rodríguez decidió no incorporarse en este sistema, porque su administración es una de las más pequeñas de la provincia, con un manejo de fondos y una cantidad de empleados que no justificaba, a su entender, sumarse a este instrumento", explicó Amado.

El legislador señaló que las obras son definidas por cada intendente según las prioridades locales, pero admitió que se conversan ciertos proyectos con el Ministerio del Interior y con el propio gobernador. "Más bien son consultas o planteos sobre iniciativas de segundo orden, para elegir cuál ejecutar antes", señaló.