Por: Gimena Fuertes

En medio de la crisis energética que azota a la población de zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, el gobierno nacional se trazó una estrategia a dos bandas: recuperación de algunos de los activos patrimoniales de la empresa Edesur, a través de la compra de la planta de generación eléctrica Dock Sud, por parte de YPF Luz. Y por otra parte, el pedido de gestión municipal que iniciaron los intendentes desde el territorio. Además, se evalúa la toma de la administración “por áreas operativas” para recuperar el control del funcionamiento de la distribución de la energía eléctrica.

Cristina Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof se reunieron hace una semana y media, cuando los apagones habían empezado a multiplicarse y las respuestas de Edesur eran esquivas. Enel (Ente Nazionale per l’energia Elettrica), la empresa italiana que tiene la concesión de la empresa distribuidora de Edesur, está de retirada y se nota. Por eso es que las líneas de acción que se decidieron esa tarde en la gobernación bonaerense se fueron desplegando en los días siguientes. El problema de fondo, señalan en el oficialismo, es la falta de inversión que se produjo en los años del gobierno de Mauricio Macri, cuando las tarifas tuvieron un 2750% de aumento.

La hipótesis que remarcan en el gobierno es que gran parte de esa plata que salió de los hogares argentinos se fugó del país antes de las PASO de 2019, ya que luego Macri tuvo que volver a poner un megacepo. Según pudo saber Tiempo, el Banco Central calculó que Edesur y sus accionistas formaron activos en el exterior (fugaron) por 135,98 millones de dólares entre 2016 y 2019.

Este jueves el ministro de Economía Sergio Massa y la secretaria de Energía Flavia Royón se reunieron con los titulares de Edesur. Según contaron fuentes del oficialismo a este diario “la reunión fue tensa”. Evalúan que, al querer desprenderse de la empresa, los italianos de Enel “ya están en otra película” y las multas que se acumulan en su contra no sirven como elemento de presión para que mejoren el servicio. Fue entonces cuando Massa, tras reunirse con Royón y el titular del Enre, Walter Martello, tomó la decisión de presentar la denuncia penal a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona, que este viernes cayó en el juzgado de Julián Ercolini.

Además, el titular del Enre se puso a compilar todas las deficiencias desde 2017 a la fecha para elaborar un informe que, evalúan, por lo menos servirá de documentación ante un eventual juicio ante el CIADI, ese tribunal internacional creado para defender a las empresas trasnacionales, pero no para cuidar el patrimonio de los Estados.

En tanto, desde YPF, la empresa estatal que conduce Pablo González, un directivo cercano a Cristina Fernández, se preparaban para avanzar con la compra de una de las dos centrales que generan energía y que estaba en manos de Enel, que la habían puesto en venta desde fines de 2020.

Los trabajadores de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía advirtieron que los italianos se estaban desprendiendo de esos bienes y lo comunicaron a los diputados Vanesa Siley, Walter Correa y al Enre.

La empresa compradora es Sadesa (Sociedad Argentina de Energía S.A.), compuesta por Carlos Miguens Bemberg (exdueño de Cervecería Quilmes), Guillermo Reca, la familia Escasan y (accionistas del Banco Galicia) y los hermanos Ruete Aguirre (exBanco Roberts). Si bien circuló la versión de que Nicolás Caputo es uno de los accionistas de Central Puerto, el “hermano de la vida de Macri” informó que se desprendió de sus participaciones en Sadesa. Central Puerto, de Sadesa, hizo una oferta para comprar las dos centrales, Central Costanera, se la quedó el 17 de febrero, y Central Dock Sud, que finalmente adquirió YPF.

El 17 de febrero, mismo día en que Central Puerto quiso comprar las otras dos centrales, el directorio de YPF-Luz se reunió de urgencia y resolvió adquirir la totalidad de las acciones de la empresa que controla Central Dock Sud, una de las plantas más modernas del país, “una de las centrales más eficientes del AMBA”, aseguraron desde la empresa estatal.

En el territorio evalúan distintas propuestas para tomar el control de la crisis. Tras el encuentro en La Plata, la secretaria de Energía Royón se reunió con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dirigentes políticos con origen en la zona sur del conurbano, una de las más afectadas por los cortes.

Insaurralde propuso la gestión municipal de la distribución de energía. De hecho, en la Provincia de Buenos Aires hay 650 cooperativas de distribución eléctrica que abastecen a pueblos y ciudades.

Por otra parte, la intendenta de Quilmes avanzó con el cobro de la multa de 200 millones pesos tras la recopilación que hizo el área de defensa del consumidor del municipio.

Lejos de los rumores de estatización -la luz como servicio público está concesionado- Tiempo pudo saber que se evalúa la intervención estatal de la distribución pero “por áreas operativas”, una solución de urgencia pero que permitiría recuperar el funcionamiento de la distribución