¿Por qué va Armani, que no jugó un solo partido? ¿Mascherano es convocado porque es amigo de Messi? ¿Cuántos tuits con insultos publicará Wanda porque Sampaoli no llamó a Icardi? Podríamos seguir varias horas recopilando los cuestionamientos de los casi 45 millones de directores técnicos con que cuenta nuestro bendito país, tras conocerse la lista de 23 futbolistas argentinos que disputarán la Copa del Mundo en Rusia dentro de pocos días.

Sin embargo, hay otra lista, que asusta un poco más. Una que no admite discusiones ni debates en las mesas de café. Es la que elaboró un temido juez federal, de nombre Claudio Bonadío, en la que incluyó a 98 intendentes de todo el país, entre ellos, 32 del territorio bonaerense. ¿Son todos a los que llamará? Difícil saberlo; nadie arriesga a asegurar que no haya otra tanda de convocados más adelante.

En el marco de la causa medioambiental que investiga el destino de 600 millones de pesos, de los que se beneficiaron más de 190 municipios entre 2013 y 2015, el magistrado ya comenzó a tomar declaración indagatoria a parte de los jefes comunales, para saber si el dinero fue a parar a las obras que se planificaron.

El programa en cuestión se denominó GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), sobre el cual se realizó una auditoría -junto con la Sindicatura General (SIGEN)- que arrojó irregularidades y manejos poco claros. Inmediatamente, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Bolado, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos Rívolo. Resultado: dictamen ante Bonadío, quien ya procesó, entre otros, a dos ex jefes de Gabinete del kirchnerismo (Aníbal Fernández y Jorge Capitanich) y a los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis.

El análisis de la información, luego de que Bonadío ordenó enviar auditores a varios municipios para corroborar el estado de las obras, permitió al juez concluir que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos (casi la totalidad, dados a comunas peronistas o de aliados); además de otras irregularidades, como la ausencia de estudios de factibilidad; falta de control en la ejecución de planes; transferencias pendientes de rendición; modificaciones e incuplimientos de proyectos; o solicitudes aprobadas sin cumplir requisitos o con tiempos disímiles: algunos en dos meses y otros en seis años.

Tal como anticipó en exclusiva La Tecla, el tiempo de los análisis llegó a su parte final. Bonadío ya tiene sobre su escritorio los informes de cada uno de los distritos beneficiados, que requirió al área legal del ministerio a cargo de Sergio Bergman, y comenzó a citar a jefes comunales a indagatoria.

Los intendentes aseguran estar tranquilos con la tarea realizada, aunque no ocultan su preocupación. “Yo no soy abogado, pero tampoco soy boludo. Te sentás frente a Bonadío y nunca sabés cómo terminás”, confió, atemorizado, uno de los jefes comunales que ya se presentaron ante Su Señoría.

El desfile de alcaldes por Comodoro Py, sede de los tribunales federales de nuestro país, ya comenzó. Como un prolijo fixture, Claudio Bonadío diseñó un cronograma que ya se inició y que acabará el 26 de octubre, a razón de casi uno por día. El último de los bonaerenses, citado para el 6 de septiembre (a las 10 de la mañana, como todos) será el exmandamás de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez.

El fuego lo abrió el día 16 de mayo Ricardo Casi, intendente de Colón, a quien siguió, un día después, su par de Carlos Casares, Walter Torchio. El jefe comunal colonense aseguró a La Tecla que tomó conocimiento “de la denuncia que se nos hace y ahora tenemos que justificar todas las erogaciones”.

“Se nos acusa de que el programa se cumplió parcialmente y que no hubo saneamiento del basural, pero eso formaba parte de una segunda etapa. Y también que hubo demora en la presentación de la documentación, como la rendición hecha fuera de tiempo”, aclaró.

En el caso de Torchio, descartó que se trate de una maniobra, como señaló alguno de sus colegas. “Me parece bien que se investigue cómo se gastan los fondos”, dijo.

Sin embargo, a pesar de las voces tranquilizadoras y los gestos serenos con que se muestran públicamente, la preocupación entre los alcaldes es indisimulable. Aunque no lo hagan de manera pública, murmuran que la sospecha de una maniobra política está en el aire y que el nombre de Bonadío les genera algo -bastante- de inquietud.

Así lo hizo saber el propio Casi, quien se mostró sorprendido por la citación y consideró: “No le veo sentido a que la Justicia Federal se meta en los municipios, cuando nosotros, por la Constitución, somos sometidos a examen tanto por el Tribunal de Cuentas como por la rendición de cuentas en los concejos deliberantes”.