Preocupados por la incidencia que estos acontecimientos sociales pueda repercutir en las comunas del interior, los intendentes pidieron “cordura y comprensión” a la sociedad. Solicitaron, además, que los reclamos se canalicen por medio de los mecanismos institucionales y legales instrumentados para tal fin, dejando de lado la posibilidad de actos de violencia.

La postura fue dada a conocer por los intendentes Raúl Jalil (Capital), León Mendoza (San José), Francisco Gordillo (Pomán), Natalia Soria (Valle Viejo), Arnoldo Ávila (Belén), Omar Soria (Huillapima), Gilberto Santillán (Londres), José Figueroa (San Fernando), Osvaldo Gómez (La Puerta), y Pio Carleta (Icaño), entre otros, junto al ministro de Gobierno, Gustavo Saadi.

“Queremos brindar nuestro apoyo directo a la Gobernadora a los efectos de generar el fortalecimiento que esta gestión debe tener de parte de la comunidad”, explicó Gordillo y aseguró: “Las medidas con que se reclaman no son las óptimas, por lo que se deben rever algunas actitudes de la sociedad. También se debe tener en cuenta la realidad financiera de la provincia”.

Por su parte, el ministro Saadi remarcó que todos los reclamos salariales serán analizados en la Comisión del Salario creada a tal fin. Y acusó “una especulación de tinte político” en la realización de las protestas de los empleados públicos. “La Comisión será la encargada de analizar cada aspecto y ver de qué manera se pueda brindar una respuesta a los mismos”, sostuvo el funcionario.