El Foro de jefes comunales peronistas decidió buscar un revés judicial por el decreto que fijó una asignación específica al punto extra de coparticipación. Cada localidad presentaría una queja ante el Superior Tribunal y denunciaría el avasallamiento de las autonomías municipales.
Los intendentes peronistas resolvieron ayer que se presentarán hoy ante el Superior Tribunal de Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad del decreto mediante el cual Ricardo Colombi fijó una asignación específica al punto extra de coparticipación que se paga desde el 1 de agosto. Buscan un revés judicial para hacer libre uso de ese dinero y alertan sobre la violación de las autonomías municipales.Más de 20 intendentes del PJ se reunieron en Goya para analizar las imposiciones del decreto del Gobernador que “condiciona el destino que las comunas le deben dar al punto extra de coparticipación que este mes comenzaron a recibir”.Los jefes comunales consideraron que “la norma viola los preceptos constitucionales de autonomía económica y administrativa de los municipios, además de contradecir la Ley Provincial de Presupuesto 2014”.Por estas razones, en conjunto los intendentes decidieron accionar ante la Justicia provincial para que este poder del Estado recomponga los derechos lesionados, haga respetar la Constitución y la Ley Provincial de Presupuesto 2014.“Consideramos que el decreto es inconstitucional, va en contra de lo que dice la Ley de Presupuesto y avasalla la autonomía de los municipios. Por eso, de común acuerdo los intendentes decidimos hacer presentaciones judiciales para que, a través del Superior Tribunal de Justicia, el Poder Judicial ponga orden a esta situación”, señaló el presidente del Partido Justicialista, Fabián Ríos.“Antes de iniciar los ejercicios económicos 2014, los municipios realizaron las previsiones de gasto para ese punto extra de coparticipación, en base a los parámetros que fijó la Ley Provincial de Presupuesto 2014; por lo que el Decreto N° 2.034 desordena la previsibilidad financiera de los municipios y atenta contra la responsabilidad administrativa de los recursos públicos”, agregaron.Del encuentro participaron los intendente Gerardo Bassi (Goya); Ríos (Capital); Daniel Miérez (Empedrado); Richard Valenzuela (San Luis del Palmar); Víctor Cemborain (Mercedes); Oscar Piñón (Ituzaingó); Víctor Giraud (Santo Tomé); Ernesto Domínguez (Curuzú Cuatiá); José Sananez (Santa Lucía); Sebastián Torales (Loreto); Angelina Lesieux (Perugorría); Cristina Acevedo (Mantilla); Elvio Ozuna (Parada Pucheta), entre tantos otros. En tanto, el ex secretario de Economía municipal, Martín Barrionuevo, reiteró ayer que “lo que no pueden permitirse los intendentes es que llegue septiembre y no cuenten con ese punto”.“Los intendentes van a reclamar que se respete la Constitución y la ley, y van a buscar mecanismos que les permitan que, mientras se dé la discusión, los recursos sigan llegando a los municipios, porque claramente el decreto fija un límite para la adhesión”, expresó.“Tratar el tema con fuerza política y judicial pero con el pragmatismo de que los recursos son importantes para los municipios, analizar cuáles son los pasos para esto”, insistió.
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