“Mi abogado dice que es mejor que se eleve a juicio porque ahí podremos aclarar todo”, expresó el ex intendente de Monte Caseros, Eduardo Galantini, al ser consultado ayer por el pedido que el fiscal Carlos Rívolo le solicitó al juez Claudio Bonadio por una causa por presunto fraude a la administración pública. El citado dirigente, junto con quien fue jefe comunal de Paso de la Patria, Armando Bordón, integra la lista de 53 procesados en una investigación sobre supuestas anomalías en el manejo de los fondos que Nación envió a sus municipios para un plan de tratamiento de residuos.

Según la hipótesis del fiscal, el Estado habría distribuido más de $600 millones como parte de un programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), pero gran parte de los trabajos financiados no habrían sido ejecutados por los municipios. Por ello, el juez Claudio Bonadio procesó a varios funcionarios nacionales, entre ellos, a los jefes de Gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, como también a decenas de jefes comunales. En aquella oportunidad, la lista incluía a quienes fueron intendentes en Curuzú Cuatiá (Ernesto Domínguez), en Paso de la Patria (Armando Bordón) y en Monte Caseros (Eduardo Galantini).

Fallo que fue apelado. En respuesta a ello, en julio pasado, la sala I de la Cámara Federal declaró la falta de mérito para Domínguez, pero ratificó el procesamiento de los otros dos dirigentes. 

En aquella ocasión, consultado por El Litoral, Galantini expresó su sorpresa porque sostuvo que presentó todas las documentaciones que acreditaban que no hubo un uso indebido de los fondos porque las obras se ejecutaron. En este sentido, precisó que con los recursos nacionales realizaron un galpón, calles internas y un cerco perimetral de un predio de tres hectáreas. “Incluso, en el acto inaugural de esos trabajos participó un número considerable de personas, entre ellas, un funcionario provincial y un intendente de la zona”, rememoró.

Transcurrieron casi dos meses de la ratificación de su procesamiento y ahora el fiscal pide que la causa se eleve a juicio. 

“Mi abogado dice que es mejor que eso suceda porque así podremos aclarar todo”, manifestó ayer Galantini a El Litoral. Por lo tanto, insistió en que no cometió ninguna irregularidad en la administración de los fondos que el Gobierno nacional envió para la ejecución de obras como parte del programa Girsu.

Entre las pruebas que Galantini ofreció para tratar de demostrar su inocencia figura “un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia que auditó específicamente la administración de esos recursos enviados por Nación y dictaminó que fueron utilizados para el destino previsto”. 

En tanto, este diario también intentó establecer una comunicación telefónica con Bordón, pero hasta el cierre de esta edición no logró concretarla.