En razón de haber utilizado una de las 120 fojas numeradas y rubricadas que la Relatoría del Tribunal de Cuentas, en el informe mensual del mes de julio, reportó que faltaba en el Registro de Decretos formulando la correspondiente observación para confeccionar en el mes de noviembre con fecha de marzo el Decreto Nº 518. Por el cual en forma irregular, se modificó la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 2015 ampliando el monto permitido para girar en descubierto a sabiendas de que se había excedido en el tope autorizado “para no hacer frente a las responsabilidades de las extralimitaciones en que incurrieron con la utilización de los descubiertos bancarios”.

El órgano de control externo del Sector Público Provincial  y municipios bonaerenses, adjuntó a la denuncia el informe de la Secretaría de Consultas y Dictámenes de dicho tribunal requerido por la Delegación Zonal Mar del Plata. Del cual se desprende que hasta el 30 de noviembre pasado el monto de los intereses pagados por los descubiertos no autorizados ascendió a la suma de $ 5.665.523,86.

Determinándose también que se utilizaron los giros en descubierto por periodos superiores al acuerdo otorgado por el Banco Provincia, el cual por ende procedió a cobrar una tasa diferencial por los mismos, “resultando observables los intereses abonados a dicha tasa diferencial por un importe total al 30/11/15 de $ 682.806,85”.

El consabido informe pudo establecer que el secretario de Economía y Hacienda Daniel Hugo Pérez, fue quien el 13 de noviembre último le solicitó al jefe de Departamento Legislación y Documentación que procediera a la registración del polémico Decreto 518, fundamentando la demora en la presentación del proyecto, en razones de orden administrativo.

Dicha área municipal procedió a registrar el mismo asignándole fecha 05/03/15, ingresando para su convalidación por el HCD el 18 de noviembre, bajo el número de Expediente 2056-D-2015, donde fue finalmente convalidado por el Cuerpo Deliberativo en la sesión pública ordinaria del 26 de noviembre, merced a la mayoría automática que ostentaba el partido vecinal liderado por Pulti.

Coronando de esta manera un acto viciado de nulidad porque el procedimiento establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades indica que el intendente para intentar la modificación de una ordenanza debe presentar un proyecto para ser tratado por el HCD y de ser aprobado lograr así la pretendida modificación.

En razón de lo cual, la Secretaría de Consultas y Dictámenes del Tribunal de Cuentas dictaminó que en la imposibilidad de modificar una Ordenanza a través de un Decreto y en la falta de competencia en el intendente para“legislar en materia presupuestaria lo que es atribución exclusiva del Concejo Deliberante”subyacen conductas que “podrían configurar alguna de las tipificadas en el Código Penal”.