El jefe comunal de San Julián, Antonio Tomasso, el legislador por el Pueblo, Daniel Gardonio, y funcionarios de la comuna fueron acusados de los deberes de funcionario público, facilitación de la prostitución y encubrimiento de redes de prostitución y trata de personas.
La presentación la realizó la organización no gubernamental "La Alameda", dicada a la defensa de derechos humanos.
La investigación la lleva adelante la jueza Federal de Caleta Olivia Marta Yañez y se inició en el mes de julio, luego de los procedimientos judiciales que se realizaron en la ciudad.
Se llevaron a cabo ocho allanamientos en tres viviendas y cinco locales nocturnos denominados "Pub La Reina", "Whiskería Los Grillos", "Whiskería Puerto San Julián", "Pub Tsunami" y "Pub el Jolgorio", donde se rescataron a 18 mujeres de entre 20 y 35 años.
Las mujeres eran cinco eran argentinas, cuatro de nacionalidad paraguaya, una provenía de Brasil y ocho más eran de la República Dominicana.
La justicia analiza varios cuadernos de registros donde se anotaban los "pases" y se detallaba el intercambio de sexo por dinero dentro de los locales habilitados por la municipalidad y que los funcionarios tenían la obligación de controlar.
La jueza Yañéz estría por definir si llama a declarar a testigos o instruye medidas a efectos de corroborar la denuncia como asimismo decidir si la acumula a la causa madre de trata de personas o las resuelve por separado.
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