Por Gabriela Pepe

A pocos días de queJuan Carlos Maqueda deje su cargo, la futura integración de la Corte Suprema entró en un escenario incierto. Con el Senado en receso, el anuncio de que Javier Milei podría nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla creó el riesgo de un conflicto institucional, puso en alerta al poder económico y congeló los planes de la Casa Rosada.

En el Congreso y en el propio máximo tribunal, los otros dos poderes involucrados en el trámite de nombramiento y jura de los jueces, reina la incertidumbre. La convocatoria a sesiones extraordinarias, en las que se iba a incluir el tratamiento de los pliegos de los jueces, quedó suspendida. El Gobierno dijo y se desdijo varias veces en los últimos días sobre el posible nombramiento de los jueces vía decreto. Hasta se habló de fechas concretas: último día hábil de diciembre o el primero de enero.

El Senado y la Corte se pusieron en guardia. Ya a fines de noviembre, el bloque de Unión por la Patria (UP) en la cámara alta se encargó de mandarle un aviso a la administración libertaria: se comprometió públicamente a rechazar los pliegos de los jueces que hubieren aceptado ser nombrados “en comisión” por el Presidente. Desde entonces, hubo un cambio no menor. El oficialismo perdió un voto propio con la expulsión de Edgardo Kueider, mientras que UP se hizo más poderoso pasó de 33 a 34 bancas.

¿Qué opciones tiene el Senado? Al tratarse de un decreto simple y no de un DNU, podría rechazar los pliegos una vez que lleguen al recinto, después de pasar por la comisión de Acuerdos, donde ambos quedaron trabados. El trámite en el recinto podría celebrarse a partir de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias.

Los antecedentes de la era Mauricio Macri

El PJ promete que cumplirá con su palabra, aunque uno de los nombrados sea Lijo, que ya consiguió nueve firmas peronistas para su pliego. La cuestión excede al juez. “Se pone en juego la autoridad del Senado”, recuerdan fuentes parlamentarias que dijo Miguel Ángel Pichetto a fines de 2015, cuando Mauricio Macri firmó el decreto 83/2015, para nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz.

La norma salió publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre, apenas cuatro días después de la asunción del líder del PRO. El artículo 2 de aquel decreto le encomendaba al Ministerio de Justicia que diera inicio al trámite ordinario de nombramiento, que incluía la intervención del Senado.

En los hechos, el nombramiento en comisión de Rosatti y Rozenkrantz nunca se concretó. Revuelo institucional y político mediante, el 16 de diciembre la Corte emitió un comunicado de prensa en el que admitía la urgencia para la incorporación de los nuevos jueces y señalaba la “plena vigencia” del decreto, pero aclaraba que el Poder Ejecutivo había decidido efectuar “rápidamente el trámite” correspondiente para la incorporación de los jueces con el tratamiento del Senado.

El comunicado de la Corte Suprema fechado el 16 de diciembre de 2016.

La situación había sido tratada en una audiencia entre Macri y el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ahora promotor de la candidatura de Lijo para ocupar una de las dos vacantes. En aquella reunión, el supremo le dejó en claro al exmandatario que no estaba de acuerdo con la modalidad adoptada. Pichetto, por entonces jefe de la bancada peronista en el Senado, envió el mismo mensaje.

La situación quedó congelada: la Corte no les tomó juramento y el Senado convocó a audiencias públicas la primera semana de marzo. Los pliegos se aprobaron en el recinto en junio. Los jueces asumieron pocas semanas después.

El dilema de Ariel Lijo y García Mansilla

Aunque no hubo declaraciones públicas al respecto, sería cuanto menos extraño que la Corte contradijera su propio antecedente y aceptara tomarles juramento a dos jueces nombrados en comisión. Pero, si no lo hiciera, entraría en un conflicto con el Poder Ejecutivo de consecuencias impredecibles.

Por su parte, Lijo dejó trascender que no aceptaría un nombramiento de esas características. Sucede que, para asumir cómo juez de la Corte, debería renunciar a su cargo como juez federal. ¿Qué pasaría si, luego, el Senado rechazara su pliego? El magistrado se quedaría sin ninguno de los dos cargos.

Otra opción sería que Lijo pidiera licencia como juez federal para asumir en un cargo superior, algo que no tiene antecedentes. ¿A quién debería pedírsela? A la propia Corte. No parece un buen escenario. Para García Mansilla la situación no es mucho mejor, ya que su pliego ni siquiera consiguió las nueve firmas de la comisión de Acuerdos y el peronismo ya avisó que no avala su postulación.

• Las senadoras y los senadores de Unión por la Patria asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la CSJN “en comisión” pic.twitter.com/PRfowwqJeA

— Senadores de UxP (@Senadores_UxP) November 27, 2024

Para colmo, llegaron algunas inquietudes de parte del sector privado. Algunos ya advierten que a los grandes estudios de abogados no les costará nada impugnar los votos de jueces designados en comisión. Otros arriesgan que ese escenario podría generar incertidumbre, tener impacto en los mercados y arruinar la primavera económica del gobierno.

En plena incertidumbre, los abogados imaginan decenas de escenarios. Se preguntan, por ejemplo, qué pasaría si los jueces fueran designados en comisión por un año -lo máximo que establece el artículo 19 de la Constitución- y, en ese lapso, el Senado no tratara los pliegos. Transcurrido ese tiempo, ¿Milei los volvería a designar por decreto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasaría con los fallos firmados si el Senado rechazara los pliegos? Se generaría un desastre institucional sin precedentes.

Por ahora, el Ejecutivo no volvió a dar señales sobre cuál será su camino. No llama tanto la atención. El 6 de noviembre, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció en conferencia de prensa el envío al Senado de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores para cubrir vacantes de la Justicia. Esa comunicación se interpretó como la apertura de una negociación en paquete, acorde a lo que pedía el peronismo, para que incluía a los jueces de la Corte y al procurador general. Pero el anuncio quedó en la nebulosa. A la comisión de Acuerdos de la cámara alta nunca llegó nada.

Sin los nuevos jueces, el máximo tribunal deberá funcionar con tres miembros, tal como sucedió en diciembre de 2015, tras la renuncia de Carlos Fayt.