“En este comunicado el IAE Mosconi expresa su opinión institucional exclusivamente sobre los aspectos relativos a la Emergencia Energética”, declararon.

En su artículo 2º el proyecto de ley establece las bases de delegación y en relación al sector energético menciona: “Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

El proyecto implica 4 aspectos:

1. Se continúa postergando cualquier modificación tarifaria, continuando el criterio establecido por la Administración anterior.

2. Se faculta al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o a iniciar una revisión extraordinaria en el marco de las normativas vigentes, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020 .

3. Se intervienen los Entes Reguladores del Gas (ENARGAS) y de la electricidad (ENRE).

4. Se suspenda la transferencia de las empresas Edenor y Edesur a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, manteniendo el ENRE su competencia sobre el servicio públicomientras dure la emergencia.

Analizada la propuesta, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi manifiesta lo siguiente:

- El gobierno de Cambiemos finaliza postergando los aumentos de precios de la energía (energía eléctrica hasta abril 2020 y gas natural hasta enero 2020). Los aumentos correspondientes a transporte y distribución del servicio eléctrico y de gas también han sido postergados. Por lo tanto, no es necesario una emergencia económica y/o tarifaria para posponer aumentos y/o modificar las estructuras tarifarias. Existen los instrumentos administrativos y regulatorios para hacerlo.

- En el mismo sentido las leyes marcos regulatorios del gas y la Energía Eléctrica vigentes prevén expresamente la posibilidad de realizar renegociaciones, y revisiones tarifaria extraordinarias por razones fundadas por lo cual tampoco aparece necesaria la declaración de emergencia por esta causa.

- En relación a la Intervención de los Entes reguladores, creemos que es una medida no justificada ya que el gobierno que finalizó el 10 de diciembre cumplió con la normalización de los Entes Reguladores y el cubrimiento de los cargos por concurso de acuerdo a lo establecido por las leyes de marco regulatorio de energía eléctrica y gas natural, 24.065 y 24.076 respectivamente.

Los Entes estuvieron intervenidos durante 10 años a partir del decreto 571/2007 hasta que el 28/07/2017 el Decreto del PE N° 597/17 dispuso su normalización mediante los concursos públicos y abiertos de antecedentes que marca la regulación vigente, se conformaron los directorios del ENARGAS y el ENRE.

- Los ENTES son unidades autárquicas que dependen funcionalmente de la Secretaria de Energía. Intervenir nuevamente los ENTES reguladores es un paso atrás que vuelve a romper los marcos regulatorios, otorgando discrecionalidad a la regulación de los servicios públicos. La intervención excede a la fijación de tarifas: afecta al proceso de inversión en las redes y a la calidad de servicio en protección al usuario.

- La experiencia ha demostrado que la discrecionalidad derivada de la

intervención de los Entes empeoró todos los indicadores de servicio, se evidenciaron importantes fallas en el control y en las sanciones a las empresas. Además, a partir del congelamiento tarifario las empresas pasaron a depender de la entrega de subsidios a voluntad de los funcionarios de turno.

La aplicación de la técnica regulatoria no solo cuida al usuario, sino que busca un equilibrio que permita a las empresas invertir, prestar un servicio de calidad y en resumen mantener la prestación del servicio público concesionado. Por lo tanto no hay razones que justifiquen una nueva intervención.

- Parece acertada la decisión de revisar las transferencias de las

distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires y que permanezcan bajo competencia nacional, en línea con las manifestaciones públicas del Instituto en relación a las dificultades técnicas, económicas y regulatorias de dicha transferencia.

- El precio del gas natural en boca de pozo y su determinación: finalmente es importante resaltar que el proyecto del Poder Ejecutivo omite el tratamiento del problema medular de la economía energética nacional, que es la determinación del precio del gas natural en boca de pozo (PIST), que se determina en un mercado oligopólico y de alta concentración y sin ninguna trasparencia y que debería ser objeto de una propuesta específica en el marco de una Emergencia como la que se propone