Con relación a los testigos citados para el martes en el marco de la sustanciación de la denominada ?Causa Camicha? se informó que declararan ante el tribunal y las partes del proceso, el comisario retirado Esteban García, Justina Giménez y Ernesto Tamay, quienes podrían aportar datos reveladores sobre el cautiverio que padecieron los clorindenses Fransisco ?Pancho Bogarín? y Cantalicio Mazzacote, quienes en la fecha aún continúan desaparecidos.

De la última audiencia realizada la semana pasada, lo más trascendente fue el testimonio que brindó el ex juez de Paz de Mayor Cuantía Timoteo Albariño, quien detalló los padecimientos que tuvo que soportar durante su largo cautiverio en la época del proceso militar. El conocido abogado fue detenido el 1 de Junio de 1977, al igual que el entonces Juez de primera instancia Hector Tievas.

Albariño, que se desempeña como Juez de Paz de Mayor Cuantía de nuestra ciudad, recordó que durante los años 1976 y 1977 las dependencias del Poder Judicial en España y San Martin eran prácticamente copadas por asalto por grupos de tareas del Área 234 que se llevaban detenidos a la luz del día a empleados, funcionarios y jueces, con absoluta impunidad, y la total indiferencia y falta de humanismo de los ex integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

Reveló que fue sometido a todo tipo de tormentos en el Regimiento de Infantería de Monte 29, incluso sufrió en carne propia la tortura con picana eléctrica a través de la aplicación de electrodos en la cabeza y en los dedos del pie que le generaron secuelas hasta el presente. Durante su largo cautiverio estuvo 43 días vendado y cuando fue trasladado a la cárcel local U-10 recibió la visita de un militar a quien reconoció como el capitán Auditor Carlos Eduardo Domínguez Linares, quien le llevó redactada su renuncia al cargo de juez, la que firmó bajo coacción, con heridas de la tortura y privad de la libertad. Albariño recién recuperó su libertad el 4 de diciembre de 1983, a una semana de asumir el gobierno constitucional elegido el 30 de octubre de ese año.

Falso testimonio

En la misma audiencia, pero en horas de la tarde, también declaró la doctora Dora Regeni, quien entre los años 76 y 77 se desempeñó como directora de la Alcaidía de Mujeres.

Al brindar su testimonio al Tribunal, la profesional quien es médica y abogada, dijo no recordar los nombres de las detenidas políticas que estuvieron privadas de libertad en la Alcaidía de Mujeres cuando ella fue la titular del establecimiento provincial. Luego declararon dos celadoras de la misma Alcaidía, que desdijeron totalmente a la doctora Regeni en relación al encierro, los malos tratos y la falta de atención médica que sufrían las internas. En virtud de la notable contradicción entre el relato de las celadoras y los dichos de quien era por entonces directora de la Alcaidía, uno de los querellantes pidió que se extraiga testimonio de la declaración de la profesional y se remita a la Fiscalía para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio, a lo que el Tribunal accedió y pasó a resolver.