El borrador de la nueva ley de hidrocarburos - que los mandatarios de las diez provincias productoras de petróleo recibieran de manos de la Presidenta de la Nación la semana pasada- plantea incentivar inversiones y eliminar tributos municipales sobre la actividad.

Los gobernadores de las provincias petroleras recibieron hace una semana el borrador para crear una ley para el sector de los hidrocarburos, que complementará a la Ley Nacional de Hidrocarburos y la Ley Corta. Algunos mandatarios preparan sus contrapropuestas para hoy en una nueva reunión en el Ministerio de Planificación Federal.

El Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos que tienen los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) tiene como subtítulo Complemento normativo a las leyes 17.319 y 26.197 para la explotación no convencional y la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos.

En sus primeros párrafos, destaca que las nuevas técnicas de estimulación no convencionales, como el fracking o estimulación hidráulica, en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de esquisto, areniscas compactas, capas de carbón, entre otras, revolucionaron y permitieron a Estados Unidos lograr su autoabastecimiento. “No existirá soberanía hidrocarburífera efectiva sin un fuerte incremento de las inversiones”, indica el borrador.

El proyecto agrega que Nación debe importar combustibles a la vez que las provincias, a las que subraya como poseedoras de recursos no explotados, tienen que asociarse para lograr en un breve plazo el autoabastecimiento.

“Así, el Gobierno nacional y los gobernadores integrantes de la OFEPHI han decidido proponer a discusión del Honorable Congreso de la Nación un complemento normativo de las leyes 17.319 y 26.197 con la finalidad de reglar la explotación convencional y no convencional de hidrocarburos, la exploración y explotación offshore y en zonas de riesgo”, apunta el texto.

Además, la iniciativa que analizaron en Olivos implica el establecimiento de requisitos mínimos en los mecanismos de selección de los concesionarios, promoción de las actividades y estándares comunes para el cuidado del ambiente.

El Gobierno nacional quiere que las concesiones de explotación tengan un plazo previsto de 25 años para la explotación convencional, en tanto que para la explotación no convencional (shale, tight, entre otras) se permita una concesión de 35 años. En el caso de aguas profundas, 30 años. En todos los casos la prórroga es de 10 años.

Ley corta

Al respecto de los yacimientos de hidrocarburos que estuvieran en los territorios de las provincias, estas actuarán como titulares del dominio originarios. Esto está en el borrador y reafirma entonces la vigencia de la Ley Corta , que traslada la propiedad de los recursos de petróleo y gas a los Estados provinciales.

El borrador reconoce a las regalías como único mecanismo de percepción de renta petrolera para las provincias.

Este tema entraría en conflicto porque varias provincias renegociaron contratos aplicando bonos o regalías extra.

“Se prevén aportes a las provincias productores por parte de las compañías como Responsabilidad Social Empresaria (RSE), así como aportes a las provincias productores por parte del Estado nacional, respecto de los proyectos alcanzados por el Régimen del Decreto 929/13”, dice. El decreto es el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

El borrador busca despejar varios impuestos a las empresas petroleras, a fin de que inviertan más en las tareas de exploración y en la explotación de los yacimientos convencionales.

Es así que fija la alícuota de Ingresos Brutos en un 3%, un acuerdo previo que habían tenido los gobernadores de la OFEPHI.

Otra de las propuestas que traerá polémica en las ciudades es la que describe: “Se procurará que los municipios no graven a la industria hidrocarburífera y/o adopten normas que interfieran con dicha actividad”.

Un punto que toca a los gremios indica: “Se propenderá asimismo a que los representantes de los trabajadores y de la comunidad establezcan, conjuntamente con las empresas del sector, las nuevas modalidades laborales dada la naturaleza de los nuevos proyectos”.

“Se procurará a la unificación de los estándares de protección ambiental para la industria hidrocarburífera y a la adopción de un régimen uniforme en todo el país”, expresa sobre la temática ambiental, sin más detalle.