El instrumento que es considerado de avanzada en su tipo, contempla la que la provincia asuma la competencia a nivel local que permita la investigación y juzgamiento de los delitos previstos en el artículo 34 de la mencionada Ley, en los términos y condiciones previstos por norma federal 23.737.

Se clarifica que la Ley Nacional 26.052 establece que la competencia federal subsistirá en caso de que la causa guarde conexidad con otra sustanciada en dicho fuero, a su vez prevé un sistema de transferencias proporcionales a las jurisdicciones provinciales que adhieran a la ley para garantizar la ejecución de la norma, esto contempla los créditos presupuestarios para Fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia para garantizar su aplicación.

El propósito del gobierno provincial a través de este instrumento legal pasa por ampliar la eficacia en el seguimiento penal de los distintos delitos previstos en esa norma, con especial énfasis en las etapas de distribución y comercialización a menor escala de estupefacientes, mediante la intervención de la fuerza policial y de las autoridades judiciales locales para fortificar los recursos humanos y materiales dirigidos a combatir el flagelo de la narco-criminalidad.

La norma contiene aspectos novedosos respecto a similares adhesiones de otros estados provinciales, en el sentido de que prevé la comunicación que el juez interviniente deberá realizar a las autoridades de los Ministerios de Desarrollo Humano y de la Comunidad para dar lugar al abordaje y tratamiento de las personas con problemas de adicciones a los estupefacientes.

Específicamente se crean en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia, el fuero contra el narco-crimen que estará integrado por tres juzgados de instrucción y en lo correccional, e igual número de fiscalías y de defensorias oficiales con asiento en nuestra ciudad capital, además de Clorinda y Las Lomitas, con competencia territorial en la primera, segunda y tercera circunscripción judicial respectivamente.

Se explicita que queda bajo la órbita de la justicia provincial el delito previsto en el artículo 5º inciso c) , es decir a todo aquel que comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte- y e) -entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso-; cuando se comercie, entregue suministre o facilite estupefaciente fraccionado en dosis destinadas al consumidor.

Otro aspecto saliente del instrumento esta dado en que establece que las partidas presupuestarias asignadas, las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta, serán destinados a la prevención, asistencia, y rehabilitación de las personas con problemas de adicción a los estupefacientes.