Estas cifras surgen de la audiencia pública celebrada hoy en el juzgado en lo contencioso administrativo y tributario 8 a cargo de Osvaldo Otheguy, tras la presentación de un amparo colectivo en reclamo de vacantes por parte de la Defensoría General de la Ciudad y de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

El gobierno porteño recibió 69.000 solicitudes de inscripción on line de las cuales dio respuesta a 52.000, por lo que quedarían 17.000 alumnos sin vacantes garantizadas pero sólo recibió 4.800 reclamos de padres y al día de hoy había dado una respuesta favorable a 4.100 casos.

"El problema es donde están las otras 12.000 inscripciones a las que no se le asignó vacantes y que tampoco los padres efectuaron ningún reclamo", dijo a Télam el defensor general de la Ciudad Mario Kestelboim una de los querellantes en el amparo.

Sostuvo además que "creemos que esos padres al necesitar resolver la escolaridad de sus hijos y ante la proximidad de las vacaciones optaron por anotarlos en escuelas de gestión privada".

En este sentido aseguró que "pasó lo que dijimos que iba a suceder: La puesta en marcha sólo de un sistema de inscripción por internet como única alternativa sin tener en cuenta la opción presencial iba a provocar una sangría de alumnos del sector público al privado".

Kestelboim destacó, además, que las 4.100 casos resueltos el gobierno porteño ubico a los alumnos con el método de inscripción directa, es decir quitándole una vacante a quien ya tenía asegurada una inscripción".

Y añadió: "hay padres que ya están recibiendo la notificación de que la vacante que le había sido asignada quedo anulada".

El funcionario precisó que el gobierno porteño admitió "defectos en el sistema, en la carga de de documentación, en la no entrega de un certificado una vez asignada la vacante y que en algunos casos no se han respetado lo que dictamina el reglamento escolar sobre preferencias para asignar vacantes".

"El despropósito de este sistema on line llega a que hay 34 escuelas que no tienen ningún alumno inscripto frente a otras que tienen aulas abarrotadas", aseguró el defensor de la Ciudad.

El gobierno porteño alegó que existen sólo 63.000 vacantes en las escuelas y que ya resolvió el 82% de las solicitudes presentadas (52.000) al tiempo que admitió la existencia de "listas de espera para un procedimiento de reasignación si se producen vacantes".

El juez Otheguy escuchó en la audiencia a dos funcionarios del Ministerio de Educación porteño, y a tres padres que ingresaron al recinto judicial, además de representantes de la UTE y la Defensoría.

Otheguy negó la presencia de medios de comunicación, tampoco que los querellantes filmen o graben la audiencia y que más padres que se habían dado cita en las puertas del juzgado ingresen al juzgado para poder ellos presentar sus casos.

"El juez nos dijo que tras esta audiencia iba a iniciar una serie de intimaciones como resultado de lo que pudo acreditarse en la audiencia. La Defensoría y el sindicato insistirán para que haya una vacante por cada inscripto, que se respete el reglamento escolar, que no se cierren grados y que no haya aulas abarrotadas de alumnos".

Eduardo López, secretario general de UTE, destacó que en el año 1996 la Constitución porteña puso como obligación la educación desde los 45 días de vida y hay un fallo que obliga al gobierno de la ciudad a construir jardines ante la falta de vacantes en base a un derecho constitucional".

"Está demostrado que la inscripción on line fue un hecho irracional desde el punto de vista administrativo y también ilegal, porque no dio respuesta a miles de niños que aún no tiene asegurada su escolaridad para el año que viene", destacó López.

Indicó que una de las fallas que el gobierno porteño reconoció fue que muchas familias no están en las escuelas que los padres eligieron, el juez le pidió un soporte técnico y los funcionarios porteños que vinieron no presentaron ninguno. Nosotros vamos a insistir para que todos los chicos estén adentro de la escuela pública".

El sistema de inscripción por internet a las escuelas fue implementado por el gobierno porteño a partir del mes pasado con el propósito de hacer más eficiente y rápido la asignación de una vacante y que las familias no tengan que realizar largas filas en las escuelas para inscribir a su hijos.

A partir del 9 de diciembre pasado muchos padres comenzaron a recibir correos electrónicos en las que se le notificaba la no asignación de una vacante y la presentación de otras opciones que los padres no habían elegido sin respetar el Reglamento Escolar.

La Defensoría pedirá durante enero la habilitación de un juez de feria para resolver este problema al tiempo que no descartó la presentación de numerosos amparos individuales para que el gobierno porteño le asigne la vacante que el padre solicitó para su hijo.