El ilícito sucedió el pasado lunes 6 de octubre, dejando perplejos y conmovidos a los habitantes del pueblo rural de Doyle, y según el legislador rojense, este hecho “confirma la falta de seguridad con que cuentan vastas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires”.

El proyecto presentado por el diputado que representa a la Segunda Sección bonaerense, donde está ubicado Doyle, y en cuya elaboración participó activamenteVíctor Secchi (exconcejal sanpedrino y secretario general del partido GEN), se dirige al gobernador Daniel Scioli para que a través de los organismos que correspondan, y en relación al robo en cuestión, se sirva informar cuestiones puntuales respecto al Destacamento Rural.

Además de pedir que se precise el día y hora aproximada del hecho en cuestión, Santiago quiere saber si en el lugar mencionado había personal policial presente, qué cantidad, cargos y funciones; si hubo faltantes de cualquier tipo luego de descubierto el hecho, enumérelos; si sabe o le consta que a raíz del suceso haya habido sanciones al personal policial en dicha Unidad; qué cantidad de móviles y de qué tipo cuenta el Partido de San Pedro, y cuántos son destinados al Destacamento de Doyle; si el robo ha sido un hecho aislado o ha habido en la misma jurisdicción antecedentes de hechos similares, entre otras cuestiones.

Entre los fundamentos del proyecto, se afirma que “la responsabilidad de crear y aplicar políticas eficientes en materia de seguridad no corresponde, en este caso al Municipio de San Pedro, sino a la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, que en reiteradas oportunidades ha sido llamado a intervenir, sin ningún resultado positivo”.

Santiago considera que la información solicitada ayudará a esclarecer la forma de actuación y la posible y consecuente labor negligente de los funcionarios a cargo, “sino también -dijo- a deslindar las responsabilidades del caso y consecuentes sanciones a los mismos”.

El diputado oriundo de Rojas finalizó su presentación reflexionando: “Debería plantearse como prioridad para el gobierno el objetivo de  reforzar los mecanismos de coordinación entre las diferentes fuerzas policiales estatales, sean nacionales, provinciales o municipales, a fin de garantizar ante todo, la seguridad de las personas y bienes”.