Con evidente pacto de por medio, tal como ya ocurrió con Marcos Peña antes de las PASO, se utilizó el hotel del Estado cuya concesión aún está en manos de Florencio Aldrey Iglesias, aunque esta vez prescindiendo del besamanos protocolar al que Aldrey sometió a la política por tres décadas.

Con evidente malicia, el diario de Iglesias publicó un recorte que señala: “Otra vez sin Arroyo”, haciendo énfasis en que la Gobernadora elige no exponerse junto al intendente por temor a perjudicar el resultado electoral en la ciudad. Nada de eso se sostiene luego del resultado de las PASO en Mar del Plata, y menos todavía por la aspectación que proveen las encuestas, con la aproximación a un resultado electoral que daría a Cambiemos un piso mínimo de nueve concejales y un margen de maniobra notable a partir de diciembre.

Partiendo de lo publicado, los cronistas /escribas de Canal 10 le preguntaron a Vidal si luego de los retos, Arroyo le hacía caso, y si la relación mejoraba. Vidal tuvo el buen tino de contestar de manera políticamente correcta, pero se ocupó de dejar expresamente expuesto que tiene diferencias con el intendente. El por qué de esta posición es algo que nadie acierta a definir. Hay acusaciones a dirigentes del PRO que actúan sectariamente, aunque nada que pueda sostenerse en público.

Y si de dirigentes del PRO se trata, la denuncia de Juan Carlos Nicolau, presentada ante el fiscal de Justicia Legítima Nicolás Czizik, crea un escenario complejísimo, y le da a los dirigidos por Gils Carbó la posibilidad de clavar una causa por corrupción al gobierno de Mauricio Macri. La denuncia, que llegó a manos de Marcos Peña vía Ricardo Buryaile, es un compendio de dichos que hablan más de una interna de poder que de delitos comprobados.

El tema de los inspectores a bordo es un engendro que creó Felipe Solá para darle caja al SIMAPE de Juan Domingo Novero, hoy conducido por Pablo Trueba. Estos manejan caprichosamente los partes de pesca, en un doble estándar que finalmente hace hocicar a los armadores y pagar gabelas que no se justifican.

La denuncia de Nicolau ha provocado dimisiones y situaciones incordiosas sin explicación sensata. Resulta obvio que el tema de los inspectores a bordo debe cambiar, y que los controles deben ser el resultado de una efectiva acción del Estado, que no puede ni debe estar en manos de un sector que más que gremio es una banda.